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Romper el ciclo de impunidad

Renata Terrazas*

Esta semana se publicó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en México en el cual identifican el principal reto del Estado mexicano: romper con el ciclo de impunidad imperante en el país.

En cumplimiento con su mandato y facultades reconocidas por los países miembros del Sistema Interamericano, del cual México es parte, en 2015 la CIDH realizó una visita a nuestro país para investigar sobre la apremiante situación de los derechos humanos, ante un reconocido contexto de violencia generalizada.

Diversas denuncias a lo largo de los últimos años sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, violencia contra grupos vulnerables y abusos por parte de las autoridades de seguridad, han hecho que instancias internacionales y otros gobiernos volteen a ver, con preocupación, el estado que guardan los derechos humanos en México.

Ello ha llevado a que en los últimos años relatorías especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre tortura y libertad de expresión, entre otras, realicen visitas a México, con la finalidad de elaborar diagnósticos que les permitan hacer recomendaciones al Estado mexicano.

En todos los casos, ya sea por visitas de relatorías o comisiones especiales, el gobierno federal ha respondido de forma agresiva, descalificando la labor de las instituciones internacionales de defensa y protección de los derechos humanos.

Ya sea con ataques en medios al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizaron el informe sobre Ayotzinapa, las descalificaciones al relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Mendez, o la negativa de México a la visita del Comité contra la Desaparición Forzada en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mostrado, de manera reiterada, su falta de compromiso hacia los derechos humanos.

Romper el ciclo de impunidad requiere no sólo de la creación de marcos normativos, sino de la vigilancia de su aplicación y el aseguramiento de una actuación con estricto apego a la ley de las propias autoridades, sobre todo aquellas dedicadas a resguardar la seguridad pública y la seguridad nacional.

Uno de los elementos más preocupantes en el reciente informe de la CIDH se refiere a la falta de información sobre la muerte de civiles y militares en operativos de seguridad en los que las fuerzas armadas participan. El informe menciona que en las entrevistas que sostuvieron con el Ejército y Marina, ambas autoridades admitieron que ya no registran el número de heridos ni muertos dado que la Suprema Corte de Justicia estableció que dichas acciones deben ser investigadas por la justicia civil.

¿Quiénes están generando esta información? ¿Cómo nos aseguramos que la actuación de las fuerzas armadas sea con apego a derecho si no se puede siquiera documentar su actuación?

Las instituciones internacionales de derechos humanos concuerdan que en México se vive una crisis de derechos humanos; por más que el gobierno federal quiera matizar las palabras, los miles de muertos y desaparecidos nos dicen otra cosa.

Negar la realidad no la hará desaparecer. El gobierno federal debe aceptar las recomendaciones realizadas en el último informe sobre los derechos humanos en aras de eliminar la impunidad que perpetua las constantes violaciones a los derechos humanos en México.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación