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Sentido común y ley

Federico Anaya Gallardo

Uno de los secretos mejor guardados de los abogados nos lo transmitió Ernesto Gutiérrez y González a sus alumnos de Derecho de las Obligaciones, allá a mediados de los 1980. El Derecho es simplemente sentido común sistematizado. Por supuesto, las y los abogados se cuidan mucho de no abundar mucho en esto con sus clientes, temerosos de que las personas comunes traten de apropiarse del Derecho y lo apliquen ellas solas usando su propio sentido común. En cambio, buscan y rebuscan cómo complejizar los asuntos. No es cosa nueva. Agradezco a Alfredo José Orozco Martín del Campo (@AlfredoOMC) que nos haya compartido que, en algún momento del siglo XVII, en la antigua Audiencia de Guadalajara, un abogado se quejase así: “de lo expuesto resulta evidente la mala feé de este temerario litigante q.q.e [quien con] el objeto q.e [que] lleva en eternizar un negozio q.e [que] segun la ordenanza debe ser breve y Sumario…” inventaba recusamientos, apelaciones, incidentes, etcétera… (Liga 1.)

Contra este uso perverso del Derecho las organizaciones populares y no gubernamentales han promovido, desde hace ya muchas décadas, el uso alternativo del Derecho y el reconocimiento de la praxis jurídica de los pueblos y comunidades. En lo último se ha avanzado mucho –aunque el sistema constitucional de Colombia sigue estando más adelantado que el mexicano en el reconocimiento del pluralismo jurídico. En lo primero tenemos un ramillete de victorias. Una presa detenida en Jalisco; el territorio recuperado de los Wixaritari; el freno a un proyecto no-consultado de desarrollo en la península de Yucatán; la prohibición preventiva de organismos genéticamente modificados y del glifosato; la oposición efectiva a varios proyectos mineros (aunque no se ha logrado declarar inconstitucional la Ley Minera).

Por supuesto, la capacidad de litigio es mucho mayor en otros sectores de nuestra sociedad. Aclaro que el uso del Derecho que hacen las élites difícilmente puede llamarse “alternativo”, pero lo cierto es que en el régimen político mexicano del siglo XX esas élites no litigaban sino que negociaban en lo oscurito. Para ejemplo del nuevo litigio de las élites véanse las tormentas de amparos en contra de la suspensión del NAICM en Texcoco y contra el aeropuerto alternativo en Santa Lucía; o la defensa de la cervecera en Mexicali; o la oposición a las (moderadísimas) reformas del obradorismo en materia energética; o la ciega terquedad del doctor Gertz para que Conacyt le incluya en la “nobilísima” lista del SNI.

La buena nueva es que muchos actores políticos, arriba y abajo, han optado por tener su día en la corte y empiezan a preferir el litigio por sobre la negociación directa para resolver sus problemas. Otra buena noticia es que el Supremo Poder Judicial se ha despabilado cada vez más desde 1996 y coadyuva (a veces a trompicones) a que este impulso de litigio estratégico se consolide.

La perversa capacidad de las y los abogados de picar piedra y pleito tiene una ventaja inesperada en un ambiente de pluralidad democrática. Crea una expectativa razonable, en el ánimo de quien judicializa su asunto, de que esa vía de acción le ofrece más oportunidades que enfrentarse directamente (con violencia) a sus contrincantes sociales.

Veámonos en un espejo lejano, el de una sociedad tradicional y autoritaria pero en la cual el poder estaba muy descentralizado.

Felipe Castro Gutiérrez, en su estudio acerca de las rebeliones populares que azotaron la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII (Nueva Ley y Nuevo Rey, El Colegio de Michoacán/UNAM, 1996), reportó que “a pesar de la popular imagen de autoridades que se coludían regularmente con los hacendados” en la colonia, a veces Los de Abajo encontraban cierta justicia. Para Castro Gutiérrez esto explica en parte por qué las posesiones españolas de América pudieron administrarse sin un Ejército permanente hasta la segunda mitad del siglo XVIII: “la relativa imparcialidad y confiabilidad del aparato judicial se refleja muy bien en que el descontento discurría prioritariamente por las vías legales y aceptadas, más que por la violencia” (p. 46).

Subrayemos el adjetivo relativa respecto de la imparcialidad y confiabilidad de los jueces coloniales. La imparcialidad del sistema pre-borbónico no nacía de una intención teórica, sino de un balance práctico de fuerzas. Orozco Martín del Campo (@AlfredoOMC) y Castro Gutiérrez (@fpecastro) a partir del tuit/trino que mencioné al principio nos regalaron el siguiente intercambio tuitero el pasado 20 de febrero de 2021:

Castro: “… recusar al juez, tachar testigos, no cumplir con los términos dados para la respuesta, enredar el asunto con peticiones en otra jurisdicción, mover apelaciones… mientras el cliente pagara, en eso podía alargarse mucho tiempo.”

Orozco: “…en Guadalajara incluso entre oidores se recusaban, decía el presidente Morquecho que 2/3 partes de los asuntos del archivo eran recusaciones en 1630.”

Orozco: “…pueblo chico, infierno grande, los oidores eran padrinos y compadres de medio mundo, llegó un momento en que uno de los Oidores fue albacea del obispo y el otro ‘habitual jugador de cartas’ del difunto prelado, estaban recusados de todo lo que llegara del obispado…”

Hace años, mientras las abogadas del equipo jurídico de Raquel Sosa Elízaga acompañábamos la construcción de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac), revisando los antecedentes agrarios de uno de los terrenos, tropezamos con un simpático pleito judicial colonial. El Tribunal de Indios (cuya sede estaba en el barrio de San Juan Tenochtitlan de la capital virreinal) decidió a favor de una familia nahua del área de Iztapalapa argumentando que era necesario mantenerlos en posesión tranquila de sus milpas porque de ellas provenía el maíz con que se alimentaban –¡en los puestos callejeros!– los señores jueces del tribunal.

Mandeville decía que los intereses privados, incluso cuando son vicios, producen virtudes públicas (comportamientos colectivos dignos de preservarse). Esto es… producen sentido común sistematizado. Castro Gutiérrez documentó que ese extraño sistema “judicial” de equilibrios sociales se rompió alrededor del año 1767. En esta época empezaron a prevalecer “las ligas de interés de los alcaldes mayores (y luego de los intendentes y gobernadores) con la oligarquía local y sus prejuicios contra los indios pleitistas”. El cambio se explicó como una “liberación” de la “iniciativa” de los súbditos blancos del rey.

Por ejemplo, criollos y peninsulares fueron autorizados a utilizar los bienes de cofradías religiosas en sus negocios particulares. Esto se justificaba como parte de la secularización de los bienes de “manos muertas” en manos del clero, ocultando el hecho de que las cofradías no las administraban los sacerdotes (blancos) sino las autoridades tradicionales de los pueblos (indios y mestizos). Los indios pleitistas litigaron porque los bienes de cofradías eran el ahorro colectivizado de generaciones. Eran fondos que sostenían no sólo las fiestas religiosas, sino obras públicas, servicios médicos y ayuda a los ancianos. De nada les sirvió llevar su caso ante los jueces borbónicos. Estos les “dieron palo” sistemáticamente. La crisis derivó en Los Tumultos de San Luis Potosí y las rebeliones de Guanajuato y Pátzcuaro.

Esos levantamientos fueron ahogados en sangre por el recién fundado ejército colonial. Desde entonces y hasta ahora –más de dos siglos– ha prevalecido en México la liga de intereses entre la autoridad política y oligarquías. Periódicamente esto ha provocado violencia. Algún testigo de la revolución de 1810 señaló que su fuego provenía de las brasas que dejaron los tumultos que estudió Castro Gutiérrez. Esas brasas han seguido allí, puesto que el mal arreglo “modernizador” inventado por los borbones, sigue en pie.

Paradoja y esperanza.

El México del siglo XXI ha recuperado el gusto colonial de litigarlo todo. Todos nos hemos vuelto indios pleitistas. De manera terca, necia y constante llevamos nuestras causas a los tribunales. Y estos deciden poco a poco, caso por caso, de maneras inesperadas y contradictorias. Y todos apelamos eternamente. Ah… y si resulta que pese a todo los oligarcas siguen impunes, acudimos a los jueces para que autoricen una consulta que ponga la misma impunidad a juicio.

agallardof@hotmail.com

Liga usada en este texto:

Liga 1:
https://twitter.com/AlfredoOMC/status/1363190095302524929