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  • Cambia discurso y enfoque
  • Ineficacia ante violencia contra mujeres 
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Julio Hernández López

Tanto se enredó Claudia Sheinbaum en fijar su posicionamiento respecto a las protestas en la Ciudad de México, por la violencia contra mujeres y por la desatención institucional a la gravedad del tema, que este domingo terminó reconociendo de manera indirecta lo insostenible de sus posturas, al anunciar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no abrirá carpetas de investigación por los delitos que se hubieran cometido en edificios públicos, propiedades del Metrobús y monumentos como el Ángel de la Independencia ni contra activistas o quienes arrojaron diamantina rosa al secretario de seguridad ciudadana pues, aseguró, no se va “a criminalizar la protesta social”. La acción penal solo se concentrará, según este giro de la jefa de gobierno de la capital del país, en las agresiones a periodistas.

El mismo viernes de la más violenta de las protestas de mujeres, Sheinbaum había tuiteado a las 9.16 pm: “Sobre la manifestifestación (sic) del día de hoy, esta es nuestra postura.”, y añadió la imagen de un comunicado de prensa en el que aseguraba: “en el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos, se han iniciado por parte de la Procuraduría General de Justicia las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad”. En menos de 48 horas, la postura cambió de manera notable.

En ese mismo comunicado del viernes, Sheinbaum insistía en el uso del término “legitimidad”, al igual que el sábado, cuando tuiteó que estaba “preparando diversas reuniones con organizaciones de mujeres que luchan legítimamente contra la violencia de género”. Es decir, la exjefa delegacional en Tlalpan insistía en determinar, a su saber y entender, cuáles son las manifestaciones “legítimas” y, por tanto, cuáles serían susceptibles de ser atendidas o no.

El cambio de actitud de Sheinbaum es positivo, pues a fin de cuentas parece aceptar que en el fondo de las protestas de mujeres hay razones y hechos que van más allá de las formas, por violentas e incluso delictivas que en ciertos momentos estas pudieran ser; que hay un explicable y justificado hartazgo de mujeres que no han encontrado ni pizca de solución auténtica a través de los medios institucionales o el diálogo pacífico; que el aparato de gobierno, policía y procuración de justicia que ella encabeza en la Ciudad de México (con otras acompañantes femeninas en el primer nivel: la procuradura Ernestina Godoy y la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez) no ha podido responder de manera oportuna, eficaz y convincente ante un problema gravísimo que se presenta en muchas partes del país (el Estado de México, para no ir más lejos, ante la indolencia absoluta del presunto gobernante, Alfredo del Mazo), pero que en la Ciudad de México debería merecer enfoques y abordamientos de plena izquierda y no argumentaciones falsamente justificatorias, que pretenden atribuir el gran enojo y las consecuentes acciones de denuncia y presión a “provocaciones” (que de ser ciertas deberían ser probadas jurídicamente y no solo de forma retórica) y a protestas no “legítimas”.

Lo cierto es que, así haya sido con hechos violentos (que son infinitamente menores a los que sufre cotidianamente una infinidad de mujeres en todo el país y en especial en la Ciudad de México y su zona conurbada), ha sido puesto sobre la mesa, con especial énfasis y marcada exigencia de respuestas, el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, aparejados a la impunidad de los delincuentes y la ineficacia de las autoridades.

En el partido actualmente hegemónico, Morena, se están complicando las cosas en ruta hacia la nueva elección de dirigente. Dos bandos se enfrentan de manera abierta y sin concesiones uno hacia el otro: de un lado, la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, quien supuestamente busca postularse para un periodo completo; en el otro bando, Bertha Yáñez, presidenta del consejo nacional y madre de dos altas funcionarias del obradorismo: una, secretaria del trabajo y otra secretaria técnica en el equipo de seguridad ciudadana que dirige Alfonso Durazo.

Las posturas confrontadas fueron exhibidas sin mayor cuidado ayer durante un consejo nacional en el que se debatió respecto a la convocatoria en sí para elegir dirigente y al padrón de militantes que tendrían derecho a voto. Otros temas polémicos: la comisión adjunta de organización de esos comicios internos e incluso la designación de un secretario, el de organización (parecería increíble que en Morena pudiera darse una lucha de poder para designar o no a un personaje tan distante de los postulados originales de este partido como es Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática).

Astillas: Ayer se realizó una manifestación contra la corrupción en los poderes judiciales, federal y estatales, con la exigencia de que haya remociones. Frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentraron ciudadanos convocados mediante redes sociales bajo la etiqueta #MarchaCívicaContraJuecesCorruptos. La protesta se encaminará hoy a la cámara de diputados y es de preverse que el tono de fuerte crítica a esos funcionarios judiciales se mantendrá durante una buena temporada, como sustento para eventuales modificaciones legales en ese ámbito de jueces, magistrados y ministros, usualmente intocado… Y, mientras el empresario argentino Carlos Ahumada ha sido puesto en libertad en Buenos Aires, ¡hasta mañana!  

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.