Sin contrapesos

Carlos López Torres

En una entidad como la de San Luis Potosí, los gobernantes pueden hacer lo que les venga en gana, como ha quedado de manifiesto sexenio tras sexenio y trienio tras trienio. La razón es sencilla, aunque difícil su superación: los llamados representantes populares y la desgastada institución camaral no constituyen contrapeso alguno para los otros poderes.

No es novedad alguna el mencionado hecho, sólo que el declive del Congreso del Estado va en aumento, conforme la crisis de los partidos avanza irremediablemente y el control de las cúpulas  sobre los institutos políticos responde cada vez más a los intereses y compromisos con los grupos políticos dominantes.

Una cámara de diputados que no es capaz de controlar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), entidad que no solo ha patentizado una y otra vez su ineficiencia e ineficacia frente a la corrupción corriente, sino que de palabra y hecho da pasos encaminados hacia su conversión como órgano preventivo y no coercitivo ante la pasividad y permisividad de los legisladores, no tiene la mínima posibilidad de jugar el rol de contrapeso alguno frente a los otros poderes, incluyendo los municipales.

Por ello, la evaluación de la sociedad, de instituciones como la Iglesia y de organismos ciudadanos, coinciden en la reprobación del ejercicio trimestral de la actuación de los diputados en su primer año de gestión.

No se trata sólo de la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera, lo que deja mucho que desear de los integrante camarales, sino de su falta de coherencia y compromiso con quienes les otorgaron su voto y hacen posible sus altos sueldos y prerrogativas. ¿Qué informes rendirán los señores diputados al finalizar su primer año de ejercicio?

Aunque todavía les queda trecho por recorrer, los integrantes de la actual Legislatura harían bien en hacer su propia evaluación, de cara a un futuro que no se ve nada promisorio para el país, sobre todo para entidades que como la nuestra han permanecido en medio de rezagos ancestrales, que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de combatir con eficacia y voluntad transformadora, aunque han contado con los recursos que han solicitado y les ha aprobado sin discusión alguna el Congreso del Estado.

Más aún, el uso y la administración de tales recursos, especialmente los financieros, han gozado de total discrecionalidad, opacidad y escasa rendición de cuentas de los diferentes titulares que se han venido sucediendo en los sexenios pasados, sin que los diputados se atrevan a cumplir con su función de vigilancia, ya no digamos de fiscalización y penalización en su caso, hacia quienes han defraudado la confianza de los electores y contribuyentes.

Ahí están los abundantes casos de ex alcaldes, ex gobernadores y todo tipo de ex funcionarios, a quienes se les han encontrado múltiples irregularidades en sus manejos financieros e incumplimiento de obras, que siguen acumulando, merced a la falta de seguimiento de los procesos penales respectivos, y por ende de impunidad garantizada, millones de pesos que jamás se recuperan.

Los ciudadanos exigen mejor calidad en el desempeño legislativo, a partir de que el desgastado poder se convierta en un verdadero contrapeso que efectivamente represente a la sociedad.