SLP: ¿otro Iguala?

Texto íntegro de la columna Índice Político de Francisco Rodríguez, reproducida con permiso del autor.

S í señor César Camacho. Es cierto. Los panistas le abrieron la puerta de par en par al crimen organizado. Coincide con usted el experto en temas de seguridad Eduardo Buscaglia: “La alternancia en el poder en 2000 provocó el fortalecimiento del crimen organizado en México, cuando el entonces presidente Vicente Fox desmanteló los controles autoritarios y no los sustituyó por controles democráticos, lo que tampoco hicieron Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, por lo que el Estado se debilitó.”

Pero sea autocrítico, señor líder (formal, sólo formal) del PRI. Como dice Buscaglia, su amigo y ahora jefe Peña Nieto también mantiene abiertas esas puertas, también de par en par, también a él se le imponen los delincuentes, también a él…

En una entrevista publicada en el diario El Universal, el profesor de la Universidad de Columbia también sentenció: “Todos los países tienen delincuencia, pero ante un Estado fuerte y con control no desafían al Estado de igual a igual, no les es posible tener controlada a la policía como un insumo como ocurre en México donde el Estado es subastado segmento por segmento”.

Segmento por segmento, sí. Desde las satanizadas policías municipales, hasta las federales, incluyendo, claro, a ciertos elementos de las Fuerzas Armadas, a las que en mala hora Calderón metió al ajo.

A lo dicho por el especialista, empero, habría que agregar que en cualquier país que se precie de tener un gobierno democrático, ante la más mínima duda de incapacidad, ineptitud, o corrupción de los jefes políticos de esos organismos, la renuncia ya debería estar en el despacho del Presidente de la República.

Aquí, por supuesto, no ocurre así. Los fruncionarios se aferran al hueso. Quieren seguir royendo las prebendas, los bonos, los gastos de representación, viajes, los bisnes que puedan seguir llevando a cabo… y un largo etcétera, en el que por supuesto incluyen la posibilidad de suceder “al de mero arriba”.

Por eso, por esconder la información –instrucciones del Guamúchil Party–, por no escuchar que la prioridad social era y es la seguridad y nos “las reformas que el país (¿cuál?) necesita… ¡se han perdido dos valiosos años que han costado muchas víctimas, patrimonios y confianza en las autoridades!

Y no obstante que tengo la sensación de que mis palabras se las llevará el viento y no llegarán a su destinatario, hay que advertir al mismísimo señor Enrique Peña Nieto, lo mismo que a sus secretarios de Gobernación, Defensa y Marina Armada, lo mismo que al gobernador saliente de San Luis Potosí y, claro, a su señora esposa que dicen es quien de verdad manda, del riesgo de seguridad que se presenta

La zona Media de San Luis Potosí

Lo peor es que la soberbia –sí, aún les quedan grandes dosis, pese a todo– les impide escuchar. Ven el temblor de las calles al paso de las marchas… ¡y no se hincan!

Porque, miren ustedes señores fruncionarios, Iguala, Guerrero, tiene –cuando menos– un par de municipios hermanados. Los caracterizan sus venales “servidores” públicos… y la complicidad, quiero pensar que por ceguera y no por complicidad, de servidores públicos, militares incluidos.

Para su GPS, estos dos se ubican en la zona media de SLP. Uno se llama Rioverde. El otro es Ciudad Fernández. Ahí despachan como presidentes municipales los señores Alejandro García Martínez y Rafael Lara Oviedo, respectivamente.

Vecinos de ambas demarcaciones municipales denuncian que ambos “se comportan como líderes aldeanos que tienen a su disposición a las policías municipales para ponerlos a las órdenes de unos juniors de apellido Urbiola, quienes bajo la autorización del General de Brigada DEM Rodolfo Grado Hernández, Comandante de la 12/a Zona Militar, les ha dado una serie de libertades”. Y esas “libertades” son los lamentablemente ya clásicos levantones, amén de secuestros, robo de tráileres, desapariciones, venta de armas cartuchos, etcétera.

Narran que estos “juniors Urbina se dan el lujo de que, cuando el comandante de zona llega a Rioverde o a Ciudad Fernández, lo escoltan en carros blindados particulares, con cuernos de chivo, pistolas 57, todas ellas sin un permiso de internación al pais y sin registrar, armamento permitido por la Zona Militar que es exhibido para amedrentar a la ciudadanía.”

La acusación es grave. Por tal se remite al alto mando castrense para que investigue y actúe en consecuencia.

Policía Federal: ¡todo tranquilo!

Hace unos meses pasó por Rioverde el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos. Su parte a la ciudadanía: “sin novedad”.

En conversación con los reporteros, Galindo descartó que el llamado efecto cucaracha –por la violencia desatada en el vecino Tamaulipas– se dé en la región potosina. “Lo tenemos calculado y medido”, dijo, según la prensa local.

Y “justificó que si bien ha crecido el secuestro, esto se debe a que el índice en la gente va y denuncia, también se elevó, lo cual antes no se hacía”.

Como siempre, la culpable es la ciudadanía. Aumentan los secuestros en SLP, pero porque la gente denuncia. Si no, no.

Policías municipales ¿a desaparecer?

La policía de Rioverde, al mando del capitán segundo de infantería retirado Genaro Sandoval Plasencia, cuenta en su haber con 120 quejas ante la delegación de la CNDH en SLP. La prensa de la entidad lo describe:

“Habitantes de San José del Tapanco se dicen acosados por el director del Mando Único Policial en la Zona Media y jefe de la Policía de Rioverde, Genaro Sandoval Plasencia, a quien acusan de hostigar a las jóvenes, de tener una cantina frente a su Iglesia, hacer mal uso de las patrullas y hasta de cerrar la calle donde vive su pareja sentimental para hacer fiestas.”

Lo peor es que, según los denunciantes, este ex militar “tiene como brazo derecho a un teniente de infantería, de apellido Terrones, de las defensas rurales, y los dos en una camioneta blanca tipo exprés, ‘levantan’ a personas con el argumento de que ellos pertenecen a inteligencia militar y que vienen de la S-2 de Inteligencia de la SEDENA, de México.”

El director de Seguridad Pública de Ciudad Fernández, José Raya Díaz, proviene “del 8/o. cuerpo de Defensas Rurales, el mismo cuerpo militar al que pertenece el teniente Terrones, cargo que ocupa sin ninguna preparación en materia de seguridad pública, pero está ahí porque el presidente municipal, Lara Oviedo, está agradecido porque le prestó la camioneta pick-up roja en la que, el 27 de diciembre del 2013, con Terrones, ‘levantaron y desaparecieron a un ciudadano en la localidad de Atotonilco”.

También se apunta que, “como en Iguala, los difuntos son tirados en el basurero de Ciudad Fernández. En enero aparecieron tres cuerpos torturados…”

Otro Iguala, pues.

¿Cuántos más?

Índice Flamígero: Son 41 mil los muertos por la violencia en lo que va del periodo sexenal de Enrique Peña Nieto. Más uno, de los 43 de Ayotzinapa. El semanario Zeta lo apunta así: “Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 sucedieron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que incluye las ‘ejecuciones’, ‘enfrentamientos’, ‘homicidios-agresiones’, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; evidentemente, los datos duros son superiores a las 33 mil 239 ‘averiguaciones previas’ por homicidio doloso que reporta el gobierno federal en el mismo lapso”. Y El Poeta del Nopal nos obsequia, para arrancar la semana con una sonrisa: “En estos tiempos obscuros, / de irritación manifiesta, / el director de la orquesta / emerge con datos duros / e inventa un mejor futuro / con leyes de relumbrón; / si México es un panteón / donde la muerte florece, / lo mejor es que regrese / ¡Don Felipe Calderón!”. ¿Usted quiere que regrese… ¡lo que se llevó!?