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Spotlight potosino

Martín Faz Mora

La mención de San Luis Potosí al final de la película En primera Plana (Spotlight, 2015), multinominada a la edición del premio Óscar 2016, como uno de los lugares donde se han expuesto casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos generó opiniones, entre críticas y escépticas, de Juan Jesús Priego Rivera, vocero oficial de la Arquidiócesis potosina, quien cuestionó: “hay que ver quién la financia, quién la produce, quién está detrás, para poder conocer sus intenciones”. Afirmó también que “quien conoce de cerca a la Iglesia, se da cuenta que ésta no es la verdadera iglesia”.

Sin negar, como sí lo hiciera entonces (notas de la prensa local del 1º, 7 y 8 de mayo del 2014), las denuncias contra Eduardo Córdova Bautista, termina hasta por conminarlo, como su amigo que aún reconoce ser, a que “ya se entregue por el bien de la Iglesia”.

El elemento central de la analogía sugerida en la cinta debiera ser la pregunta ¿la Arquidiócesis potosina siguió un patrón de comportamiento similar a la de Boston ante la existencia de abusos sexuales y su posterior denuncia pública? Tal es el punto.

Spotligth (nombre de la unidad de investigación del diario Boston Globe, la más antigua de la prensa norteamericana) centra su trama no en la sordidez del abuso sexual clerical del que no hay una sola escena, sino en la investigación periodística en torno al encubrimiento que de ello realizó durante décadas la Arquidiócesis de Boston.

Y, en efecto, lo mismo ocurrió en la Arquidiócesis local respecto los abusos cometidos por quien era, nada más y nada menos, su representante legal durante tres décadas, desde que en 1992 el gobierno mexicano otorgó personalidad jurídica a las iglesias y estableció relaciones con el Vaticano. Fungió como tal con tres distintos arzobispos: Arturo Szymanski (1987-1999), Luis Morales Reyes (1999-2012) y Jesús Carlos Cabrero desde abril del 2012 hasta muy poco antes que se conocieron públicamente las denuncias en su contra en abril del 2014.

El modus operandi tanto en Boston como en San Luis Potosí, no de los clérigos pederastas, sino de las Arquidiócesis respectivas fue similar: ocultamiento, presión moral a las víctimas y sus familiares para mantener el asunto en sigilo, encubrimiento ante las autoridades civiles, el mero traslado del victimario a otro lugar sin darle de baja del ministerio, evasión de toda responsabilidad institucional pretendiendo circunscribir el asunto a un mero problema de uno o varios curas individualmente, y hasta la abierta defensa del acusado y la denigración a los acusadores. La única conducta que les distingue es que en Boston, ante la posibilidad real de que el sistema de justicia norteamericano actuara contra la Iglesia se llegaba a acuerdos confidenciales de reparación con las víctimas, aquí no ocurrió ello ante la seguridad de que también la justicia civil mantendría en la impunidad el asunto por las estrechas relaciones que ambas instituciones tienen, particularmente porque el propio Eduardo Córdova era el interlocutor directo entre la Arquidiócesis local y el gobierno estatal, como lo demuestran diversos nombramientos que le fueron otorgados a lo largo de los años: consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1999-2001), Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado (2011 al 2013), miembro del Monitor Ciudadano del Ayuntamiento de San Luis Potosí (2013 hasta la fecha en que se conocieron de sus abusos en 2014).

¿Desde cuándo conoció la Arquidiócesis de las conductas criminales de su representante legal Córdova Bautista? Desde mucho antes de 2014, desde luego. Se conoce públicamente un intercambio epistolar entre familias de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación en la colonia El Paseo, donde era párroco, que data de abril del 2004 y se alarga hasta noviembre del 2006. Ahí aparece una carta firmada por el entonces arzobispo Morales Reyes el 1 de septiembre del 2005, donde reconoce que existe una denuncia, la apertura de un supuesto proceso interno ante el tribunal eclesiástico, la espera de “instrucciones” de Roma y la remoción de Córdova a quien trasladan como capellán de una comunidad de religiosas. Nueve años después, cuando estalla el escándalo al conocerse públicamente otras denuncias distintas, nada había ocurrido.

Más aún, durante el periodo abril-mayo del 2014 cuando el caso Córdova se hizo mundialmente célebre por las denuncias que interpusimos un grupo de activistas, periodistas y víctimas, la propia Arquidiócesis potosina reconoció entonces que desde 1999 existían denuncias en su contra y había, al menos, una resolución del tribunal eclesiástico en 2008. Otra denuncia, la más reciente, ocurrió en 2012. Así lo afirmaron tanto el vicario general de la Arquidiócesis, Benjamín Moreno, como Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, que hacía entonces las veces de representante legal y vocero de la Arquidiócesis (notas de prensa de diversos medios locales y nacionales del 19 y el 28 de mayo del 2014). La familia involucrada en el caso de 2012 atestigua haber sido informada por quien presidía la investigación al interior de la curia, de muchos otros expedientes contra el sacerdote pederasta.

Sin embargo, todavía en las semanas de abril y mayo distintos actores de la Arquidiócesis defendían abiertamente a Córdova Bautista (“El padre Córdova no teme porque es inocente”, nota de El Sol de San Luis del 14 de abril de 2014), y hasta el propio Priego se compadecía de él justificando su ocultamiento por el temor de ser agredido luego de la “injusta” exhibición pública de la que era objeto entonces, catalogando la información en medios como “sensacionalista”, “difamatoria”, además de ir en contra de la ética profesional (diario Pulso, 8 de mayo del 2014).

La pederastia clerical no es sólo un asunto de las “manzanas podridas” en lo individual al interior de las iglesias, es también una conducta de responsabilidad institucional por diversas razones. Está desde luego la responsabilidad de admitir y promover a individuos sociópatas sin detectarles oportunamente o, peor aún, a sabiendas de ello. Pero lo más grave es el actuar institucional cuando se conoce de las conductas criminales, ya que en lugar de actuar de forma decidida contra el cura pederasta y con el principal afán de preservar la imagen de la institución se prefiere desplegar toda una maquinaria de ocultamiento, encubrimiento, presión moral contra las víctimas para mantener el sigilo y denigración si no lo hacen, y la no denuncia ante las autoridades civiles.

Ese entorno institucional de encubrimiento incrementa exponencialmente los daños causados. Así, si desde las denuncias de 1999 la Arquidiócesis potosina hubiera actuado en consecuencia, se habrían podido evitar los gravísimos daños a decenas, si no hasta cientos de víctimas durante las décadas en que ejerció su ministerio Córdova Bautista ocupando el importantísimo cargo de representante legal de la Arquidiócesis potosina. Tan solo durante su estancia de un par de años como párroco de Nuestra Señora de la Anunciación en la colonia El Paseo entre 2002 y 2004, como consta en la denuncia 74/2014 ante el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto, hubo una veintena de menores de edad abusados. ¿Cuántos más habrá en las otras denuncias que forzada, tardía y subrepticiamente fueron reveladas por la propia institución cuando enfrentaba el escándalo local e intentaba justificarse durante abril-mayo del 2014?

El Spotligth potosino no ha sido llevado a pantallas, cierto, pero consta en una amplia documentación periodística y judicial, además de los archivos internos de la Arquidiócesis.

Cuando el padre Priego, vocero de la iglesia potosina, afirma que la película no refleja la “verdadera Iglesia”, quizá lo haga en un sentido espiritual y teológico. Lo que es innegable es que la mención de San Luis Potosí el final de la película, actualmente en cartelera, es del todo adecuada porque se ajusta al probado y demostrado modus operandi institucional que siguieron tanto las Arquidiócesis de Boston como la potosina. Si no se trata de la “verdadera Iglesia” en un sentido teológico, se trata al menos y usando una conocida paráfrasis, de la Iglesia “realmente existente” cuando de pederastia clerical se trata.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC