Utópica transparencia

Óscar G. Chávez

N ada obliga a los candidatos a algún puesto de elección popular a hacer pública la lista de bienes materiales e inversiones de las que son titulares o propietarios, como también nada obliga a hacerlo con los de sus familiares en grado inmediato. Una nueva tendencia, sin embargo, surgida como propuesta de la sociedad civil, ha buscado que estos ciudadanos hagan del conocimiento público el patrimonio con el que cuentan hasta este momento.

En su columna de Excélsior, María Amparo Casar, catedrática e investigadora del CIDE, señala que de los más de 16,500 candidatos para los 2000 cargos de elección popular sólo 245 candidatos habían presentado declaraciones patrimoniales y fiscales, al cierre de su columna.

Los datos proporcionados por Casar, según ella misma lo señala, fueron tomados de la plataforma electrónica Candidato Transparente. De acuerdo al mismo portal, la cifra al día de ayer a las 19:00 horas había incrementado a 257 el número de candidatos transparentes –12 por encima de los señalados en esa columna–; de éstos 20 eran aspirantes a gobernadores, 45 a presidentes municipales, 27 a jefes delegacionales, 124 a diputados federales, y 41 a diputados locales.

En todos los casos la mayor parte de los candidatos que hicieron pública su declaración pertenecen al Partido Acción Nacional, le sigue descendentemente y con amplio margen de diferencia el Revolucionario Institucional.

Esto pudiera hacer patente la necesidad observada por Acción Nacional, o sus candidatos, de reposicionarse estratégicamente frente al electorado; en este sentido sería necesario analizar de una manera minuciosa si para fines electorales es observado por los votantes. Todo parece indicar, en función de las estadísticas de transparencia, que dada la baja exigencia por parte de la ciudadanía, el tema de la transparencia no es prioritario.

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En alguno de los capítulos de las ampulosas Memorias de Gonzalo Santos, menciona la invitación que le fue formulada por la alta sociedad potosina para que asistiera en compañía de su esposa Leola Pue a una recepción que se ofrecería en la Sociedad Potosina La lonja, con motivo de un aniversario.

El casino de la Lonja iba a cumplir 75 años y prepararon un baile para esta celebración al estilo 1910. Los potosinos y las potosinas vistieron sus mejores galas y yo, que asistí con Leola por primera vez y que íbamos como invitados de honor, me presenté vistiendo smoking. La mayoría de los curros potosinos iban de frac. Leola, que junto conmigo había hecho cinco años de vida en las cortes europeas, sobre todo en los reinos de Bélgica y Dinamarca, estaba muy preparada para estos eventos sociales y yo le aconsejé que se pusiera sus mejores alhajas, para cuando saliéramos del gobierno nadie dijera que las habíamos comprado con producto del gobierno del estado.

A pesar de que el testimonio corresponde a quien, en opinión de muchos especialistas en política mexicana, es considerado uno de los mayores ejemplos de atrabiliarismo e impunidad política en el país, refleja la opinión que de los políticos se tiene desde la entronización del Partido Revolucionario Institucional a principios de la década de los cuarenta.

De la aguda percepción del gobernador electo Gonzalo Santos no escapa el sentir popular y finalmente, aunque guardadas las proporciones, hace una muestra pública de su riqueza, o de los aderezos ornamentales de su esposa, antes de llegar a ocupar el cargo de elección popular de mayor investidura en el estado. No sea que después digan.

Más de setenta años después resulta curioso que los candidatos a ocupar el mismo cargo, se muestren renuentes a hacerlo o falseen las declaraciones que en materia de bienes patrimoniales presentan. El portal señalado líneas atrás solamente consigna la declaración patrimonial pública de la candidata de Acción Nacional, Sonia Mendoza.

En los casos de los contendientes restantes, sólo se muestran las cartas compromiso signadas por los candidatos del Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, en las que aunque no se excusan por no hacer públicas las declaraciones respectivas en estos momentos, ofrecen darlas a conocer en el supuesto de alcanzar la gubernatura.

Las noticias publicadas en días anteriores respecto a los bienes declarados por el candidato priísta, muestran una notable falsedad –quizá involuntaria– en lo declarado; de la misma manera hacen evidente las negativas que en esta materia presentan tanto él como su homólogo del PRD, quien finalmente proviene del partido en cuestión.

La negativa referida de ambos candidatos, pareciera contribuir a hacer evidente su ausencia de voluntad para mostrar al electorado la lista de bienes y posesiones que a lo largo de su larga carrera política han acumulado, y pareciera también ser un resabio de la vieja escuela priísta de mantener en privado sus posesiones patrimoniales.

Pese a que en ambos casos se trata de candidatos que han mencionado una lucha contra las viejas formas del sistema político mexicano y que pareciera haber cobrado fuerza de nueva cuenta, las referidas actitudes sólo vienen a demostrar su rechazo a transparentar sus bienes.

Por décadas el electorado mexicano ha contribuido de una manera gustosa y voluntaria a la formación de al menos tres generaciones de políticos millonarios que se regodean en lo público y lo privado de las fortunas acumuladas junto al abrigo de impunidad que los cobija. Es claro que en México produce más riqueza una carrera dentro de la política que la de un empresario acerero en el norte del país.

Las públicas y nauseabundas fortunas acumuladas por personajes como el líder de los petroleros, Carlos Romero, es un ejemplo al que sólo se podía igualar el del junior y delincuente cachorro verde, pero al que ahora sumamos el del presidente nacional del PAN que logra costear estancias vacacionales prolongadas por cerca de un año a sus hijos en destinos europeos.

Así, los candidatos potosinos, que según su decir son propietarios de bienes menores, por qué no hacen de conocimiento general el patrimonio que se ha formado a lo largo de una modesta carrera pública. Seguramente es más vergonzante una pobreza económica formada al amparo de la moral, que una riqueza abundante en inmoralidades. Ambas, de cualquier forma, quedarán sorteadas con una gubernatura.