La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), aseguró que la población de la región debe oponerse rotundamente a la extracción del gas y petróleo que se encuentra en lo más profundo del suelo huasteco a través de la técnica de la fractura hidráulica o fracking, y exigir que primero se le escuche, “antes que a las empresas depredadoras”.
Aseguró en comunicado de prensa que las rondas de licitaciones o subastas para exploraciones no convencionales para la extracción de gas y petróleo significan que el gobierno pone prácticamente en venta miles de kilómetros cuadrados a compañías privadas nacionales y extranjeras que utilizan este método de extracción.
Advirtió que esto es un duro golpe para toda la población de la Huasteca y de otras regiones del litoral de Golfo de México, pues el fracking es una técnica devastadora y contaminante del agua, tierra y aire, habida cuenta que la perforación de cada pozo petrolero mediante dicha técnica implicaría la perforación de 3 a 5 kilómetros de profundidad de forma vertical y la fracturación de la roca madre del subsuelo a presión de gran escala de hasta kilómetro y medio de forma horizontal en 16 direcciones, con la aplicación de millones de litros de agua, toneladas de sustancias químicas y arena.
Esto afectaría a la mayor parte de la población de los municipios y comunidades campesinas e indígenas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, el comercio, el turismo y demás actividades económicas y productivas que dan sustento a la región, pues la superficie afectable para la explotación de hidrocarburos en la huasteca potosina es de aproximadamente 3,828 kilómetros cuadrados, según lo confirma el Plan Quinquenal 2015-2019 del gobierno federal, agrega el comunicado.
Asimismo, destacó que resulta aberrante y fuera de toda lógica del marco jurídico y de los derechos humanos la puesta en marcha de licitaciones de cientos de kilómetros cuadrados que afectan amplias zonas del territorio huasteco sin mediar procesos de consulta previa, libre e informada a la ciudadanía y sus comunidades como lo estipulan nuestras leyes federales y locales y los convenios internacionales firmados por México.
