Armando G. Tejeda
El Tribunal Supremo español decidió por unanimidad repetir el juicio contra el dirigente de la izquierda separatista vasca Arnaldo Otegi y de otros cuatro líderes, que ya fueron juzgados y sentenciados por la supuesta reconstrucción del aparato político de la organización armada ETA, en un caso en el cual el Tribunal Europeo suspendió las penas, al considerar que resultaron de un proceso sin garantías y con la vulneración de derechos básicos de los condenados.
La decisión del alto tribunal es fruto de una querella presentada por el partido de extrema derecha Vox, que pretende apartar de la vida político al dirigente vasco, quien actualmente ha ganado protagonismo en el escenario político español con su apoyo a los presupuestos generales del Estado del gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).
Hace doce años, cuando ETA había roto la última tregua fallida de cara un proceso de paz con el gobierno español, la policía detuvo a Otegi y otros cuatro dirigentes vascos, Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez por un supuesto intento de reconstruir el aparato político de ETA que se había ilegalizado unos años antes, con la proscripción de Batasuna.
Tras la detención fueron juzgados por la Audiencia Nacional, en un juicio que culminó en el 2011 y que decidió que eran culpables de las acusaciones de pertenencia a organización terrorista y fueron condenados a 10 años de cárcel.
Dos años después, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y decidió rebajarla dos años, pero los abogados de los líderes vascos decidieron presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con el argumento de que una de los jueces que los condenó, Angela Murillo, había actuado de manera parcial al documentar varios pronunciamos en contra de Otegi y de la izquierda separatista vasca.
El tribunal europeo decidió en el 2018, ya cuando los dirigentes vascos habían cumplido su sentencia, anular la sentencia, acatando los argumentos de los abogados vascos y exigiendo al Estado español que se restituyeran todos los derechos de los condenados, entre ellos el de la inhabilitación para un cargo público.
Una decisión que acató este mismo año el Tribunal Supremo, el mismo que ahora decidió, a petición de la formación de extrema derecha Vox, volver a juzgar a los condenados, con lo que se suspendería, al menos de forma cautelar, tanto la rehabilitación de sus derechos civiles como los procesos abiertos para las indemnizaciones que reclaman al Estado por daños y perjuicios. Los magistrados españoles argumentan que “un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal”.
Tras conocer la decisión, el propio Otegi advirtió en un mensaje en las redes sociales que “¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!”, a lo que añadió otro de los afectados, Arkaitz Rodríguez, que “doce años después de nuestra detención, tras haber pasado en la cárcel años de forma absolutamente injusta e ilegal, tras una anulación europea y sin que siquiera exista ya esa organización, han decidido volver a juzgarnos por pertenencia a ETA. ¿Democracia? ¿Qué democracia?”.
