Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes hicieron un llamado al Congreso de la Unión para reorientar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 en materia migratoria y de asilo, con el objetivo de pasar de un presupuesto que busque contener este fenómeno a uno que proteja a las personas.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Kids in Need of Defense (KIND) presentaron un análisis técnico del PPEF 2027, en el que advirtieron que las propuestas actuales profundizan la discriminación, el abuso y la exclusión de las personas en movilidad.
“No sólo persiste la contención migratoria, continúan los costos inasequibles para la regularización y la redistribución de recursos clave hacia labores que no garantizan los derechos humanos”, aseguraron.
Presupuesto 2027 prioriza recursos para contención migratoria
Entre los hallazgos están el aumento de los recursos destinados a la contención, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) concentra 72.7 por ciento del presupuesto, con 2 mil 423.5 millones de pesos, lo que significa un incremento de 19.4 por ciento respecto al año previo. La mayor parte se destina al mantenimiento de estaciones migratorias y a traslados terrestres de personas extranjeras hacia el sur del país.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibiría 117.6 millones de pesos, 4.1 por ciento más que en 2026, etiquetados para operaciones y no para la contratación de personal.
Las organizaciones advirtieron que la dependencia necesita “urgentemente” al menos 60 oficiales de protección adicionales para abatir el rezago frente a las casi 50 mil solicitudes proyectadas.
Además, indicaron que el programa de protección para personas mexicanas en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sufrirá un recorte de 7.4 por ciento, a pesar de que la Cancillería atendió recientemente más de 157 mil casos de asistencia en Estados Unidos.
Organizaciones alertan por atención a niñez migrante
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) contempla un aumento marginal del 2.5 por ciento, lo que consideraron “insuficiente” para desarrollar estrategias y atender las necesidades y brechas de la protección integral de la niñez y adolescencia en movilidad.
Por otro lado, mencionaron que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos plantea barreras económicas al mantener un incremento promedio de 118 por ciento en los costos de las tarjetas de residente temporal y permanente desde 2023 a la fecha, lo que representa un muro infranqueable para familias en situaciones de vulnerabilidad. Tan solo en 2026, enfatizaron, el costo de una tarjeta de residente permanente equivalió a 43 salarios mínimos diarios.
ONG plantean cambios a los costos de regularización
Ante este panorama, las organizaciones llamaron al Congreso de la Unión a reducir los costos de expedición de documentos de residencia, como se encontraban en 2025, con su ajuste proporcional a la inflación, de 8 por ciento; modificar los artículos 8, 9 y 10 de la Ley para incluir exenciones de pago a quienes demuestren imposibilidad económica, y reasignar 50 por ciento de los ingresos turísticos a la protección de las poblaciones en contextos de movilidad.
Para las más de 20 organizaciones firmantes, “aprobar este Paquete Económico en sus términos actuales significaría dar la espalda a miles de personas que huyen de la violencia, abandonar a los connacionales en el exterior y perpetuar un ciclo de irregularidad y marginación”.
