Ciudad de México. Los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon a la Procuraduría General de la República haberles ocultado a ellos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), información importante sobre las investigaciones del caso.
En una conferencia de prensa frente a las instalaciones de la PGR, solicitaron que sea investigado el nuevo Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hemit Garcia, y Leonardo Octavio Vázquez, quienes en septiembre de 2014 eran responsables de la Policía Federal en Guerrero, y secretario de Seguridad Pública del estado, respectivamente. A ambos se les vincula con Guerreros Unidos, grupo criminal señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes normalistas.
Acompañados por sus abogados, explicaron que hubo una reciente resolución judicial en favor de Sidronio Casarrubias, donde un juez federal determinó que no está bien probada, por parte de la PGR, la existencia del grupo Guerreros Unidos, además de que refiere a las pruebas que en momento le presentó el Ministerio Público Federal, entre las que destaca una “libreta” con nombres y teléfonos, misma que le fue confiscada al detenido en octubre de 2014, y en el que aparecen como “contactos” los dos funcionarios citados.
Esta prueba nunca se incorporó a la investigación del caso Iguala no fue el conocimiento del GIEI, es decir nunca se supo de la existencia de esta evidencia que revela un posible nexo con personas presuntamente vinculadas con la ejecución arbitraria y desaparición forzada de los estudiantes normalistas.
Las familias solicitaron que en la investigación de estos dos funcionarios sean partícipes los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la semana pasada inició sus trabajos en México.
