Roberto Garduño
Ciudad de México.- El argumento de la Procuraduría General de la República (PGR), quien considera a Elba Esther Gordillo como riesgo para la paz y la seguridad del país (por lo que se le limitarán las llamadas telefónicas y visitas personales durante su prisión domiciliaria), provocó reacciones encontradas en San Lázaro, donde el PAN y el PRD defendieron el derecho de la indiciada a recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por el contrario, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo (PRI), expuso que quien detentara el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante décadas, hoy se encuentra en condición de presa, y no arraigada, por lo que sus derechos a recibir visitas, a utilizar la comunicación telefónica o el manejo de Internet se debe restringir al máximo.
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en San Lázaro, defendió a Gordillo Morales, de quien dijo, tiene derechos que son inalienables. No obstante impera sobre la determinación de las PGR una decisión de un juez federal.
Para el panista Miguel Ángel Salim, la determinación del juez, que impuso la PGR para frenar el contacto de Elba Esther Gordillo con sus hombres cercanos, implica una afectación a los derechos de la ex lideresa del SNTE, quien dijo, tiene derecho a recurrir a la CNDH para exigir se cumplan las prerrogativas que el arraigo le otorga.
Para el priísta Edgar Romo no se debe confundir el arraigo con la prisión domiciliaria que le fue impuesta hace una semana.
