Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que participará en el proceso de análisis, discusión y debate sobre el nuevo modelo educativo que iniciará la próxima semana pero observando siempre que se respete el sentido de la reforma educativa e insistiendo en que no se ceda por chantajes ni presiones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), ni de ningún otro grupo que viole la ley.
“No podemos permitir que haya retrocesos, a partir de presiones de quienes violan la ley en detrimento de los derechos de los ciudadanos, como ha sucedido en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, principalmente”, dijo el presidente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos Walther.
A propósito de la presentación del nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, dada a conocer por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, consideró de suma importancia que el gobierno haya cumplido con el mandato constitucional, al llevar a cabo una revisión y actualización del modelo educativo, como parte de la implementación en el avance de la reforma y transformación educativa.
De Hoyos Walther dijo que el proceso de implementación de la reforma es una oportunidad histórica para transformar de fondo la educación del país, pero que esto sólo se puede lograr con la participación activa de la sociedad y de los padres de familia.
“En Coparmex impulsaremos un modelo educativo de calidad, que ponga en el centro a los alumnos, los maestros y los padres de familia, y donde se privilegie una formación integral de los niños y jóvenes, para que, en el largo plazo, tengamos un México más preparado y, por lo tanto, más competitivo”, dijo de Hoyos a través de un comunicado.
Recordó la importancia de poner a la escuela en el centro del sistema educativo, lo cual significa que éstas tengan mayor “autonomía de gestión”, a través de las decisiones que tomen los consejos técnicos escolares; es decir, el espacio en donde se reúne el director con los maestros y el fortalecimiento de los consejos de participación social, que es el instrumento en donde se involucran los padres de familia en la decisiones dentro de la comunidad escolar y que el magisterio disidente interpreta como un traspaso de los deberes del Estado hacia las propias familias.
