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Los máximos representantes del Partido Comunista de Cuba tienen previsto reunirse este miércoles para discutir reformas destinadas a reactivar su economía, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla.
El comité central del PCC convocó un pleno extraordinario para analizar propuestas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado.
Las reformas, presentadas previamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, podrían ser aprobadas por la Asamblea Nacional tan pronto como el jueves, menos de una semana después de su anuncio.
Sin embargo, no queda claro si serán suficientes para satisfacer al presidente estadunidense, Donald Trump, quien ha señalado que busca un cambio de régimen y ha sugerido la posibilidad de “tomar el control” de la isla situada a unas 90 millas (150 kilómetros) de Florida.
El bloqueo petrolero impuesto por Trump en enero ha llevado a la ya debilitada economía cubana al borde del colapso, con apagones generalizados, que pueden llegar a más de un día de duración, y por la escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.
El gobierno cubano, que mantiene conversaciones con Washington, ha afirmado que esta veintena de reformas busca aliviar la crisis.
Díaz-Canel afirmó el viernes que el abanico de actividades que se abrirán al sector privado será “lo más amplio posible”.
Las empresas privadas, que pueden emplear hasta 100 personas, fueron autorizadas en 2021 y se han convertido en una parte cada vez más importante de la economía de la isla.
Díaz-Canel también indicó que los cubanos, tanto dentro como fuera del país, tendrán las mismas condiciones que los inversores extranjeros, algunos de los cuales se han retirado recientemente de Cuba debido a las sanciones estadunidenses.
Asimismo, anunció planes para reducir el tamaño del Estado mediante la disminución del número de ministerios y de empleados públicos.
Sin embargo, algunas de las reformas anunciadas retomaban propuestas anteriores, como otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, que representan aproximadamente 80 por ciento de la actividad económica de la isla.
