Guillermo Luévano Bustamante
No sorprende la inacción del secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Arturo Gutiérrez García, quien, según la nota de hoy en este diario, minimizó las agresiones de taxistas contra conductores de Uber la semana pasada.
La violencia de taxistas que se organizan no sólo para rechazar la operación del servicio de Uber sino también para agredir a sus asociados es preocupante, y la displicencia del encargado de la seguridad pública no sorprende, como decía antes, pero sí indigna.
Las amenazas de agresiones de choferes de taxi han pasado de los dichos a los hechos desde hace meses, por lo menos en julio y septiembre ya se han presentado lamentables confrontaciones físicas de aquellos contra los de Uber.
En otras colaboraciones he abordado la precarización con que operan en ambos tipos de servicio las personas que conducen el auto, normalmente comparten un tipo de empleo sin prestaciones sociales.
No obstante el amague reiterado las autoridades han sido omisas en la debida atención de los delitos que han venido cometiendo impunemente los taxistas. Ya la más reciente agresión concluyó con autos incendiados y lesiones personales.
El último pretexto esgrimido fue precisamente la aprobación de las modificaciones legales en San Luis Potosí que “regulan” la actividad de la plataforma Uber y le impone una carga tributaria local a la proveeduría de ese servicio, además de establecer condiciones para su operación en la entidad.
Al parecer la reforma jurídica no satisfizo a ninguna de las dos partes implicadas, constituyó un intento tardío del Congreso estatal por abordar y resolver el conflicto que sin embargo sigue generando agresiones.
Los hechos violentos en la entidad y la falta de respuesta efectiva de las autoridades encargadas del orden parecen incentivar su recurrencia en otros ámbitos. Pareciera que la impunidad alienta la comisión de otros delitos, de otras formas de violencia cotidiana.
La indolencia del secretario que no parece tener la voluntad de plantear una estrategia seria y efectiva para contener ni los actos de la delincuencia organizada ni las otras expresiones de violencia social causa preocupación.
Esta minimización de conflictos entre particulares por la disputa de su empleo hace pensar que en la expresión de las formas más básicas de la agresividad humana, la que se produce por la búsqueda de los satisfactores materiales para la subsistencia, la ausencia no sólo de la secretaría sino incluso del Estado, seguirá incentivando que cada cual haya de protegerse a sí mismo. Llama la atención que el funcionario se refirió a las agresiones contra vehículos y conductores de Uber como “hechos normales”, no debería normalizarse ninguna de estas formas de violencia.
Reconoce el secretario Gutiérrez que detrás del conflicto hay “otro tipo de intereses”, pues esa es una razón más para intervenir, que seguramente no sólo se trata de una lucha simbólica por la prestación de servicios, sino la defensa de privilegios y las alianzas de políticos profesionales que no se ven lesionados por lo que sucede en las calles. El mensaje oficial de indolencia e inacción es entonces también de impunidad y corrupción.
@guillerluevano
