Jorge Torres

El abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, informó que se está pidiendo a la Comisión Especial de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, que preside el legislador federal potosino, Cándido Ochoa Rojas, un punto de acuerdo para que se llame a comparecer a la visitadora general de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, para que explique por qué se exoneró a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por las irregularidades durante las diligencias realizadas en el río San Juan, Cocula, Guerrero, del 28 y 29 de octubre de 2014, relacionadas con el caso.

“Ahorita hay una preocupación de que la actual visitadora general de la PGR emite una resolución a raíz de una investigación interna que se hizo contra Tomás Zerón y otras personas, en donde diluye la responsabilidad de esta persona, lo deja en el plano administrativo cuando se deberían fincar responsabilidades penales para varios funcionarios”, apuntó Rosales Sierra, quien puntualizó que días antes de la resolución se filtró en medios una resolución que imponía procedimientos penales contra el ex funcionario federal, por lo cual el cambio hace pensar que no se hizo nada por intereses políticos.

Aunque se busca apoyo de la Comisión Especial, también destacó que, ahora que Ochoa Rojas tiene la titularidad de esta comisión, se ha manejado con un perfil mucho menor, una visibilidad menor y una actividad baja para apoyar el esclarecimiento de los hechos, aún así se sigue dialogando, y se dijo confiado de que se reciba el apoyo de la Cámara de Diputados.

Sigue vigente la búsqueda de los 43; no hay avances en la investigación

Los padres de familia de los 43 estudiantes estuvieron en San Luis Potosí en la caravana nacional que realizan para seguir adelante con la exigencia de encontrar con vida a sus hijos desaparecidos hace dos años y ocho meses. Al respecto, Rosales Sierra mencionó que la demanda sigue muy vigente: “¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”, consigna que sigue siendo una parte fundamental del movimiento social en México, por lo que, aunque el gobierno federal le apuesta al olvido, sigue siendo la “primera grieta” del régimen de Enrique Peña Nieto, algo que marca desde ya su mandato.

A pesar de ello, aseguró que hay preocupación, pues ya han pasado más de dos años y ocho meses y las investigaciones se encuentran estancadas, aunque con el grupo de expertos se avanzó al establecerse cuatro líneas fundamentales: la participación del Ejército mexicano, el traslado de droga de Iguala a Chicago, la ruta de desaparición de Huitzoco, y la telefonía celular de los jóvenes: “se avanzó un poco hasta el mes de abril de 2016, cuando ellos estuvieron en el país, pero cuando se retiraron por todas las controversias, a partir de ahí no ha habido ningún avance”, criticó el abogado. Asimismo, dejó en claro que el problema es que el gobierno de México sigue todavía empecinado en mantenerse con la hipótesis del bausero de Cocula.

La esperanzas se diluyen, pero el movimiento sigue firme

De la misma manera, expuso que el sentimiento de los padres de los normalistas desparecidos es de mucha tristeza, mucha preocupación, mucho dolor, cada vez que pasa el tiempo el cansancio es más, las esperanzas se reducen, esa es una realidad que se está viviendo, pero también aseveró que se tiene la esperanza firme de que mientras que no haya evidencias científicas irrefutables de que los normalistas hayan sido asesinados, se tiene la obligación de seguir buscando, por lo que “yo creo que la lucha de los desaparecidos es parte de toda esta crisis que vive el Estado mexicano; no sólo en el aspecto económico, sino en el tema de los derechos humanos, estamos viviendo en crisis, y seguiremos luchando para encontrar a los 43”, finalizó.

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