Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió, “sin prejuzgar”, a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que en caso de poseer el sistema de espionaje Pegasus o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones, se abstengan de utilizarlos contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por los afectados en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados por parte de las dependencias mencionadas, incluido el el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la SG.
La CNDH pidió a esas dependencias gubernamentales señaladas “que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes, instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”.
En específico, adicionalmente, a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
La CNDH reiteró que, “si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”.
El organismo condenó toda conducta que busque afectar la privacidad de las personas, “pues afecta su intimidad y sus derechos humanos y estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia”.
