Ciudad de México. Integrantes de grupos civiles de Morelos acudieron este martes a la Secretaría de Gobernación para solicitar la intervención federal ante la problemática de “atropellos, violaciones a los derechos humanos e inseguridad” en el estado.
“Si te arriesgas vas a amanecer muerto; sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Es una inseguridad terrible y lamentablemente las autoridades estatales no voltean a resolver la necesidad y protección del ciudadano”, señaló Gustavo García Aragón, vocero de este movimiento, cuyo hermano Rodolfo -académico y abogado- fue secuestrado el 9 de mayo. Su cadáver fue encontrado dos días después.
Hay muertos de manera cotidiana, secuestros, desaparecidos –añadió-. Simplemente ayer hubo seis muertos (en hechos violentos); la población estatal no es muy grande, se está extinguiendo y la gente se está yendo de ahí.
En el caso de su hermano dijo que hasta el momento no hay una respuesta por parte de las autoridades respecto al caso o al inicio de una investigación.
Ante esta situación crearon el “frente social morelense ‘Rodolfo García Aragón’” integrado por colegios de profesionistas como abogados, médicos e ingenieros, así como transportistas y organismos de la iniciativa privada.
En Gobernación se reunieron con Alejandro Ozuna, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, quien recibió el documento elaborado por los integrantes del Frente, quienes llegaron a la ciudad de México a bordo de autobuses y realizaron una manifestación en la avenida Bucareli, en las inmediaciones de la dependencia.
“Él ofreció que tendremos una nueva reunión en la que el secretario (de Gobernación) Miguel Ángel Osorio Chong nos recibirá y, en su caso, se trasladará a Morelos para continuar con estos trabajos. Nuestra lucha seguirá; hoy no paramos”, dijo.
En el documento se reseñan “violaciones a derechos humanos; la problemática de desaparecidos, de las fosas clandestinas, la inseguridad y el retroceso de la democracia”.
Señaló que el Congreso de la entidad está secuestrado porque al solicitar la aprobación de la ley de participación ciudadana, le cancelan el derecho al ciudadano de hacer revocación de mandato.
“Mientras que en otros lugares hay avances, en Morelos tenemos un retroceso contrario a lo que establece la Constitución”, comentó en entrevista al término del encuentro de más de una hora con Ozuna.
