Por José Antonio Román
Ciudad de México. La investigación del asesinato de Berta Cáceres debe estar centrada esencialmente en el trabajo de la activista, exigieron diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil al gobierno de Honduras.
Además, denunciaron que hay un intento por criminalizar a los integrantes de la Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la cual era líder y fundadora, mientras que no hay una sola línea de investigación sobre las denuncias y amenazas que desde hace tiempo había presentado la misma Berta Cáceres.
Directivos y representantes de Amnistía Internacional, Otros Mundos Chiapas, Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), también solicitaron al gobierno mexicano fortalecer su intervención para lograr el rápido retorno del activista mexicano Gustavo Castro al país.
Hay que recordar que Gustavo Castro, quien es sobreviviente del ataque que le costó la vida Berta Cáceres, tiene una “alerta migratoria” de 30 días decretada por el gobierno hondureño, que le impide al activista mexicano abandonar esa nación centroamericana, donde en este momento tiene la calidad de “testigo protegido”.
Sin embargo, los representantes de estas cuatro organizaciones expresaron que su temor de que dada la “debilidad institucional” y las “graves fallas” cometidas en las investigaciones, la situación legal de Gustavo Castro puede ser modificado en cualquier momento por el gobierno y autoridades hondureñas.
En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones informaron que esta misma tarde sostendrán una segunda reunión con el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo Mendoza, a fin de dar seguimiento del caso.
