Angélica Campillo
Comuneros del ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, entregaron al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en su visita a San Luis Potosí, un documento solicitando su intervención en el problema de invasión a sus tierras por parte de desarrolladores de vivienda.
En el marco de la inauguración de la segunda etapa del libramiento norponiente por parte del presidente de la república, que corresponde a los kilómetros 36 al 39, y el cual se ubica en las inmediaciones del ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, los comuneros le entregaron un documento al mandatario en el que solicitaron su intervención para que los apoye en la invasión a sus predios de la que están siendo víctimas por parte de fraccionadores encabezados por la familia Torres Corzo, los grupos Caletto y Forja Real, así como de la empresa Habi, propiedad de Javier de la Rosa, las cuales han irrumpido con actos infames su área comunal ancestral.
“Mediante documentos de prescripción absurda y falsificando hijuelas y folios reales, intentan apoderase de más de setenta hectáreas de carácter comunal, colindantes a desarrollos de su propiedad; no han vacilado en corromper a funcionarios del municipio de Mexquitic, notarios y órganos registradores”, reclamaron.
En el escrito, señalaron que el argumento de los invasores “de cuello blanco” es que no existe tal ejido y que no pertenece a nadie, pero es “tan absurdo como negar la construcción y existencia de este tramo carretero. Usted entonces inaugura una caseta que no existe, según la versión de este grupo de fraccionadores, quienes seguramente están presentes durante su visita”.
Los afectados expusieron que los invasores se escudan con escrituras sin antecedentes registrales, contratos privados sin origen formal, sin estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, hidrológicos, edafológicos, y todos los que establece la ley de Desarrollo Urbano, los cuales son evadidos por Forja Real y Loma Blanca (Habi), además de estar utilizando estudios elaborados por el sistema Interapas (oficio IN/DP/SF/436/14), que no tiene nada que ver con Mexquitic, y estudios de uso de suelo de desarrollos de la ciudad de San Luis Potosí.
Destacaron que “no hemos permitido que construyan un centímetro en nuestro territorio. No pueden hacerlo pues las acciones jurídicas y la movilización social los tiene paralizados, sin embargo existe el temor fundado que la corrupción y los actos irresponsables de los gobernantes locales puedan provocar de forma artificiosa un enfrentamiento que justifique la represión. La paradoja de los tiempos, los sin tierra fraccionadores, ahora invaden a los comuneros que nunca aceptaron vender”.
Recordaron, además, que se acaba de anular un decreto que los despojaba de más de 350 hectáreas comunales, que fue un acto jurídico denominado Nacionalización impulsado por el prófugo padre Eduardo Córdoba. Agregaron que el decreto de nulidad fue publicado por el gobierno el pasado 5 de julio de 2016, siendo apenas aceptado por la jerarquía religiosa el 8 de febrero de 2017.
Por ese motivo, los comuneros solicitaron la intervención de Peña Nieto, porque “las cantidades millonarias que se están utilizando en contratos privados y promesas de venta de terrenos no escriturados implican actos que violan la ley contra el lavado de dinero, esto aunado a los actos de despojo de tierras comunales, implican actos de maquinación delictiva que deberán ser castigados por la autoridad competente”.
