Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El equipo interdisciplinario formado a partir del convenio entre las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Complutense de Madrid, que desarrolla un acompañamiento sicosocial y jurídico desde hace ocho años con mujeres en prisión en esta entidad, así como sus familiares, pidieron al juez penal con sede en San Cristóbal, Julio César Morales Ríos, que dicte sentencia absolutoria en favor de una mujer presa en el penal número 5, acusada “injustamente” del delito de homicidio calificado.
Anabel, dijo que su hermana Gabriela, cuyo expediente penal es el 136/2014, “no tiene por qué estar pagando un delito que no cometió. Queremos que el juez haga conciencia, que vea el caso y vea que es una mujer inocente”.
Tomás, su padre, contó que antes de ser acusada del homicidio de un hombre, identificado como Natalio, Gabriela vivía en pareja con Geovani, preso también como coacusado, quien “la golpeaba y maltrataba, la obligaba a hacer cosas indebidas.
Ella decidió irse a la casa (en La Concordia, de donde es originaria la familia); luego lo agarraron a él y le echó la culpa a mi hija. Por sus cosas de la droga que hacía él le pasaron cosas malas a mi hija. La dejaba sin comer, la encerraba. En todo lo que pasó tuvo miedo y cuando la agarraron la obligaron a que dijera que ella había cometido el homicidio”.
En rueda de prensa, agregó: “Venimos a hablar porque sentimos una gran pena y tristeza, ya que las autoridades acusan a mi hija sin culpa ni nada; lleva más de tres años en la cárcel injustamente”.
Rafaela, su madre, afirmó entre sollozos, que está “muy triste desde que agarraron a mi hija porque desgraciadamente encontró suerte mala, al conocer a un hombre que la golpeaba, la vendía por la droga porque tomaba mucho. Tuvo esa mala suerte mi hija”.
Anabel, su hermana, abundó: “Lo único que queremos es que se aclare la situación, porque está injustamente llevando un proceso. Como dice mi mamá, tuvo la mala suerte de encontrar y enamorarse de ese hombre (Geovani) que la maltrataba. Lo conoció en La Concordia, porque somos de allá y se la trajo a San Cristóbal”.
Contó que en la familia “no sabíamos qué pasaba, y cuando regresó nos contó que la prostituía, la tenía encerrada en un cuarto; cuando se fue con nosotros le había dado una gran golpiza y abortó. Cuando la detuvo la policía estaba con nosotros en La Concordia. Nos enteramos que la habían detenido, cuando los judiciales avisaron de qué la acusaban. La vinimos a ver y nos dijo que la habían hecho firmar para que se echara la culpa. Le hicieron muchas cosas. No tiene por qué estar pagando un delito que no cometió”.
Remarcó: “Hay mucha injusticia. Necesitamos que esté libre, porque tiene una niña por quién vivir, a la que ese hombre no reconoce como su hija cuando la niña es de él”.
Presente también en la rueda de prensa, Patricia Aracil, del mencionado equipo interdisciplinario que desde hace ocho años realiza acompañamiento jurídico a mujeres presas en los penales de El Amate y de San Cristóbal, dijo que en una primera instancia, Gabriela fue sentenciada a 18 años con 9 meses de prisión, ratificada en la apelación, pero al resolver un amparo, jueces federales pidieron a los magistrados que se realice nuevamente el juicio de apelación, porque no se respetó el tiempo constitucional de la detención y porque hubo tortura.
Los jueces señalan al juzgador que considere nulas las declaraciones ministeriales, tanto de Gabriela como de Geovani”.
Informó que el lunes pasado se realizó la audiencia de derecho de Gabriela, y a partir de ese día, el juez tiene cinco días para emitir la sentencia correspondiente. “Esperamos que su sentencia sea absolutoria porque sería lo justo”, agregó.
