Rubén Villalpando, corresponsal
Ciudad Juárez, Chih. En audiencia convocada por un juez estatal en la sala tres de la Ciudad Judicial de esta urbe fronteriza se revisaron las medidas cautelares de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario General del CEN del PRI, acusado por el delito de peculado por 246 millones de pesos que presuntamente fueron desviados del gobierno del estado a su partido.
Su defensa propuso al juez Alexis Ornelas, a cargo del juicio, que Gutiérrez pueda usar un brazalete electrónico, e hizo la prueba del mismo en la audiencia.
Dicho dispositivo fue aprobado por el juez, pero se esperaba la resolución respecto de la apelación que interpuso el gobierno del estado ante el tribunal federal; eso, para que surta efectos la libertad condicional.
El priista se encuentra a la espera de dicha resolución para salir en libertad condicional, y acceder al arraigo domiciliario en la colonia Cima Cantera donde sus familiares tienen un domicilio preparado.
En una audiencia anterior, realizada el pasado 11 de septiembre en la misma Ciudad Judicial, un Juez de Control retiró la medida de prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez por el delito del desvío de un millón 740 mil pesos, registrados entre el 20 y 23 de diciembre de 2015 por una empresa de su propiedad que vende combustible para aviones (causa penal 4094/2017).
Aparte, existe otro expediente del que ganó un amparo para obtener su libertad por desviar 246 millones de pesos para las campañas del PRI.
La resolución de la juez para liberar a Gutiérrez el pasado 11 de septiembre por el desvío de 1.7 millones de pesos, fue ordenar que el juez local cambie la medida cautelar con un brazalete electrónico y arraigo domiciliario, y el juez que lleva la causa determinará en cuál domicilio permanecerá, pues no cuenta con vivienda en la ciudad de Chihuahua.
En esta audiencia, la Fiscalía General del estado declaró que “no tiene inventario de dispositivos de brazalete electrónico para Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien pagará una fianza de un millón para obtener su libertad como ordenó la juez”.
La agente del ministerio público de la Fiscalía propuso en la audiencia “que el brazalete electrónico corriera a cuenta propia del imputado, sin embargo, la defensa replicó que el cargo debe correr a cuenta del Estado por ley”.
La Ministerio Público argumentó que el incumplimiento de esta medida cautelar se debe a que no se cuenta con dispositivos electrónicos, además que al estar recluido en el Cereso de Aquiles Serdán no es necesaria su implementación.
La defensa argumentó que la medida cautelar de arraigo y un geolocalizador corresponden al supuesto delito de peculado agravado por 1.7 millones de pesos, y sí bien sigue recluido por otra causa penal, su cliente ya ha conseguido una empresa privada para colocarle dicho aparato.
