Por Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Cinco agrupaciones mexicanas exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la canciller Claudia Ruiz Massieu, que el Estado mexicano “incremente y ponga a la disposición de Gustavo Castro Soto, toda la fuerza diplomática y legal para que de inmediato termine su colaboración en Honduras y regrese a México totalmente protegido y con el pleno goce de sus derechos”.
Añadieron que “conforme avanza la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo, se incrementa la represión en contra de los compañeros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), que ha derivado en el asesinato de Nelson García, de la misma organización, sucedido el martes 15 de este mes, lo cual potencialmente supone mayor peligro para Gustavo Castro”, quien se encuentra en la embajada de México en Tegucigalpa.
En una carta dirigida también el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las agrupaciones Otros Mundos Chiapas, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) e Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, les demandaron que “incrementen su labor diplomática, política y jurídica en la instrumentación de todo el procedimiento que se requiera para la inmediata aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre Ambos Países” para que el Castro Soto sea traslado a México.
“Es un instrumento legal, a la vez que es un derecho para Gustavo Castro Soto”, coordinador de Otros Mundos Chiapas, subrayaron las agrupaciones en la carta, al tiempo que remarcaron: “No debemos permitir se continúe con esta franca violación al derecho internacional y a los derechos humanos de nuestro compañero”.
Señalaron que “a la par de lo anterior, disponemos de información oficial que muestra tajantemente las irregularidades del proceso aplicado a nuestro compañero y que deja observar la violación contra sus derechos fundamentales”.
Por ello, exigieron que “se actúe con prontitud y se detenga el terrible daño sicológico que tiene nuestro compañero, de tal manera que tenga condiciones adecuadas y suficientes para que inicie su proceso de recuperación que los hechos violentos le han generado, mismos que se siguen incrementando por el trato inhumano y violatorio que sufre al tenerlo retenido en Honduras sin ningún motivo jurídico”.
El gobierno mexicano, insistieron, “ya debe invocar formal, explícita e inmediatamente la aplicación del tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal que existe entre ambos países, que se sumaría y complementaría otras razones jurídicas de peso que han sido puestas en curso por parte de su defensa”.
Subrayaron: “Nos parece inconcebible que Gustavo haya sido retenido por la jueza (Victorina Flores) en un acto análogo de presunto responsable y no se le consideren beneficios a los cuales tiene derecho como testigo protegido realizando una flagrante falta a la ley”.
Dijeron que “el estatus de testigo protegido le permite continuar con su colaboración desde nuestro país, lo que él ha ratificado a partir de mostrar total disponibilidad para seguir aportando información que permita que se haga a la justicia a Berta Cáceres y que su asesinato no quede en la impunidad”.
También les demandaron que continúen e incrementen “las acciones de protección que garanticen totalmente el resguardo de integridad física de Castro Soto, que se haga un extrañamiento al Estado hondureño para que de manera inmediata se detengan las acciones que le están ocasionando daño sicológico y al mismo tiempo se garantice que el Estado hondureño cumpla sin restricción alguna con el total respeto de los derechos humanos de Gustavo Castro Soto”.
