Mireya Cuéllar / ‘La Jornada Baja California’
Tijuana, BC. Una solicitud de “información adicional” relativa a la descripción del proyecto hecha por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el litigio en el Tribunal Agrario que sostienen dos empresarios de Tijuana contra la empresa, por la propiedad de uno de los terrenos donde se construyó la regasificadora de Sempra Energy en Ensenada, ha retrasado la autorización para que la trasnacional pueda reconvertir sus instalaciones en una planta de licuefacción.
El año pasado Sempra solicitó al gobierno federal la autorización para que su regasificadora sea reconvertida, y poder llevar el gas natural a un estado líquido para exportarlo desde Baja California al mercado asiático. Para ello presentó una Manifestación de Impacto Ambiental-Regional (MIA-R) y un Estudio de Riesgo ante la Semarnat, particularmente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA); y una Evaluación de Impacto Social ante la Secretaría de Energía (Sener).
Consultada por La Jornada Baja California, IEnova, la filial mexicana de Sempra que controla el proyecto ECA licuefacción, confirmó que “ASEA solicitó información adicional relativa a la descripción del proyecto, las medidas de mitigación a los impactos ambientales y nos solicitó algunas aclaraciones sobre el estudio de riesgo asociado al proyecto”. También aclaró que “es parte normal del proceso solicitar información adicional y nos encontramos dentro del plazo”.
Sin embargo, en el proceso para reconvertir su planta, Sempra no sólo ha tropezado con aspectos ambientales. En una carta dirigida a Rafael Pacchiano Alemán, titular de Semarnat, el abogado Rafael Z. Flores González en representación de sus clientes, le pidió “se abstenga de autorizar una instalación industrial más o alguna reconfiguración de la planta ya existente” ubicada sobre terrenos de la colonia Agrícola Costa Azul en la zona La Misión-Bajamar, “hasta en tanto no se resuelva en forma definitiva el conflicto en la localización y legitimación de los títulos de propiedad donde se estableció dicha planta, en forma específica, el conflicto jurídico que se ventila en el expediente agrario 42/2006”.
El abogado hizo llegar a Pacchiano, con copia para los funcionarios de ASEA y de Sener, un abultado expediente con peritajes que muestran la existencia de “un conflicto en la legitimidad de los títulos de propiedad y su localización física” (También envió un legajo a La Jornada Baja California).
El expediente agrario 42/2006 se encuentra en la etapa del desahogo de las pruebas periciales en topografía, donde los demandantes muestran que Sempra construyó sobre varios lotes, entre ellos el 2, que corresponden a la Colonia Agrícola Costa Azul (Primera sección), a pesar de que los títulos de propiedad que exhibió en su solicitud para edificar pertenecen a los lotes 24,25, 26 y otros de la Segunda sección de dicha colonia, localizados varios kilómetros al sur.
Esto implicaría entre otras cosas que los distintos permisos y autorizaciones obtenidos en el pasado podían ser invalidados, entre ellos los usos del suelo del municipio, al estar “ubicados” en una zona diferente, por ejemplo, varios kilómetros al sur del sitio.
El expediente enviado a Semarnat incluye una serie de resoluciones de los tribunales agrarios que ya reconocieron el traslape de terrenos y títulos de propiedad, por lo que el representante legal de los dueños de los lotes plantea que “a pesar de la clara y anómala situación jurídica en los títulos de propiedad y la errónea localización física”, se presentó en diciembre de 2016 un estudio de riesgo para el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural en Energía Costa Azul y la Evaluación de Impacto Social, y “podemos presumir que tampoco ha declarado los riesgos asociados a los títulos de propiedad, base fundamental de la certidumbre y conflictividad social reconocidos” en acuerdos internacionales y la legislación mexicana.
Es decir, que la empresa Energía Costa Azul, “ignorando el riesgo jurídico que representa la confusión y errónea localización de sus títulos de propiedad, pretende sobre los mismos ampliar en forma considerable las instalaciones de su proyecto”, apunta el abogado. Las implicaciones negativas de esto serían aún más grandes y deberían alertar a sus inversionistas y los grandes pronósticos de crecimiento que Sempra anunció el pasado 5 de abril en el San Diego Union Tribune, en Estados Unidos; Carlos Ruiz Sacristán director de IENOVA la filial de Sempra en México, se encontraría en serios problemas.
El escrito del abogado Flores González demanda a los funcionarios federales recordar la importancia de la seguridad jurídica, es decir “sin la invasión y quebranto de derechos de terceros”, como es el caso de sus representados “dueños legítimos del lote 2 de la Primera Sección de la Colonia Agrícola Costa Azul” y les dice que “no se encuentran en posición de resolver sobre la solicitud para ampliar las instalaciones ubicadas en esa localización, hasta que se resuelva en forma definitiva la legítima propiedad de los predios en los que se ubican”.
Igualmente, el litigante se cuestiona si Sempra, iEnova, sus contadores y auditores independientes han divulgado en forma clara y precisa a las autoridades de la Bolsa Mexicana de Valores la existencia de este conflicto sobre la propiedad de los activos de la empresa en Costa Azul, lo que representaría, dice también, un riesgo al público inversionista en los títulos bursátiles de la empresa.
El abogado cita también toda la legislación vigente a raíz de la Reforma Energética (2014), donde se ampliaron las garantías de los dueños de la tierra (sobre todo de los grupos indígenas) a la hora de desarrollar proyectos como los de Sempra.
El proyecto de ECA licuefacción es uno de varios que IEnova – la filial de Sempra Energy en México- tiene planeados, y es uno de los tres proyectos de Gas Natural Licuado (LNG por sus siglas en inglés) planeados por la trasnacional de los energéticos. Los otros dos son el de Port Arthur LNG en Texas y el de Cameron LNG, en construcción en Louisiana, todo apunta a que existe una doble moral de Sempra, donde los elementos que resguarda y atiende en las instalaciones de Estados Unidos contrastan con los estándares y formas de operar y gestionar aquí en México.
