José Antonio Román
Ciudad de México. En su pliego petitorio, conformado por una decena de exigencias, la Asamblea Interuniversitaria reunida este fin de semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó la necesidad de impulsar una organización estudiantil de carácter nacional, que pretenda “reconstruir esta sociedad mutilada y que además defienda el derecho humano a la educación”.
Dirigido a los tres poderes de la Unión y a los órganos de gobierno de todas las casas de estudio, denuncia que en el país existe un “ambiente de profunda violencia social”, generado, en buena medida, por la aplicación radical de las políticas neoliberales que incluyen la privatización de la educación a través de diferentes medidas estatales.
Las diez exigencias del movimiento estudiantil, surgido a raíz de la agresión de “grupos porriles” en contra de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, el pasado 3 de septiembre, se articulan en los siguientes ejes programáticos: a favor de la democratización de las universidades, de la educación pública y gratuita; por la seguridad dentro y fuera de las instituciones; y contra las prácticas porriles y violencia de género.
En la última versión del pliego de demandas, el movimiento estudiantil exige la creación de una comisión independiente de las autoridades para el desmantelamiento de los grupos de porros, y el esclarecimiento del ataque pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría; reestructuración de las estrategias de seguridad integral y no-punitiva en las instituciones de educación superior y media superior, y elección democrática en las universidades y la eliminación de las estructuras autoritarias de gobierno.
Otras demandas son el reconocimiento de las instancias resolutivas con perspectivas de género, tripartititas e independientes que se encarguen de prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de género; garantizar la gratuidad en la impartición de la educación en todos los niveles, y aumento al presupuesto a la educación y entrega de recursos para el rescate de las universidades públicas en “quiebra”.
La abrogación inmediata de la reforma educativa y del nuevo modelo educativo, y la inclusión dela comunidad estudiantil y docente en la creación, diseño e implementación de los planes y programas de estudio, son otras dos de las demandas.
El pliego, concluye con las exigencias de verdad y justicia en los casos de violencia de género, asesinatos, feminicidios y desapariciones ocurridos contra miembros de las instituciones de educación superior y media superior, además de respeto a la libertad de expresión y garantía de no represalias en contra la comunidad.
