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Bogotá. Al menos siete empresas productoras de plátano serán vinculadas a un proceso judicial por las masacres cometidas en los años 80 y 90 por grupos paramilitares de ultraderecha en el noroeste de Colombia, informó hoy la Fiscalía General.
Según el jefe de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, Carlos Villamil, las investigaciones indican que las empresas financiaron a esas bandas armadas en la región de Urabá, que comprende territorios de los departamentos de Antioquia y Chocó y es la mayor zona productora de plátano del país.
Villamil dijo a la cadena de radio RCN que la Fiscalía tiene un registro de 7 mil 742 víctimas de los grupos armados ilegales en Urabá en ese entonces.
Las masacres fueron perpetradas principalmente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y afectaron a personas que eran acusadas por ese grupo de simpatizar con organizaciones guerrilleras o movimientos políticos de izquierda.
La Fiscalía expidió una resolución mediante la cual declaró como delitos de lesa humanidad la financiación de los grupos paramilitares en Urabá, por lo que los procesos no prescribirán aunque muchas de las matanzas ocurrieron hace tres décadas.
El órgano investigador y acusador de la Justicia colombiana señaló que esas matanzas fueron cometidas en gran parte por un bloque paramilitar de las AUC que comandó Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que recibió para ello “el apoyo financiero voluntario y eficaz de los empresarios bananeros de la región”.
Cerca de 30 mil integrantes de las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Muchos de sus miembros pasaron entonces a formar parte de bandas llamadas neoparamilitares que se dedican ahora al narcotráfico.
