- Textos siempre desdeñados
- Pemex y la letra chiquita
- Sheinbaum y la Guardia Nacional
Julio Hernández López
Está sobre la mesa otro de esos debates que tienen como punto de referencia el apego a una legalidad muy poco cumplida en el pasado. Voces empresariales y de oposición partidista a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se han manifestado en contra del texto y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo que ayer fue aprobado en la cámara de diputados. Consideran que es un documento superficial, demagógico, que no cuenta con una verdadera visión estratégica.
El choque de posiciones forma parte de una realidad política vigente: el presidente de México tiene un poder político tan amplio que, en términos reales, va haciendo lo que cree necesario ante el cuadro de desastre que heredó, bajo la consideración, ya expresada en ocasiones anteriores, de que la justicia está por encima de las leyes. Es decir, en la realidad verdadera de nuestro país, el mencionado Plan Nacional de Desarrollo, que debe regir a lo largo del sexenio andresino, forma parte del conjunto de normas que no fueron respetadas en sexenios anteriores sino constante e impunemente violadas y, ante eso, lo que es llamado la Cuarta Transformación no asigna mayores cuotas de cuidado o precisión a documentos que, siendo muy importantes en la letra constitucional, guías obligatorias de acción para los gobernantes si estos hicieran caso de las leyes, han sido desdeñados o francamente violentados por los ocupantes de Los Pinos.
En ese sentido, y en un escenario generalizado de acomodos y reacomodos profundos, de recortes presupuestales y replanteamientos operativos trascendentes, el aferramiento a denunciar la fofez de un Plan Nacional de Desarrollo es solamente un episodio más de la oposición de élite al obradorismo en busca de una bandera política redituable. Estando el horno como está, una guerrita por los bollos conceptuales.
Será necesario leer la letra chiquita de los contratos y que los especialistas desmenucen los términos de los acuerdos celebrados ayer entre el gobierno mexicano y veintitrés bancos nacionales y extranjeros (entre los cuales están catorce de los veinte más importantes del mundo, según explicó el presidente López Obrador) pero, por lo pronto, da un respiro de imagen y, previsiblemente, en los mercados, el que se hayan renovado líneas de créditos revolventes por más de ocho mil millones de dólares para fortalecer a Petróleos Mexicanos.
Es imposible desligar este acuerdo de los similares que históricamente firmaron administraciones priistas y panistas para dar respiro a empresas paraestatales, así que será imprescindible revisar los documentos para enterarse de las ventajas obtenidos por esos bancos que en ninguna parte del mundo se mueven por propósitos altruistas sino por la búsqueda de la máxima ganancia para sus capitales.
La realidad ha doblado el inicial rechazo de Claudia Sheinbaum a que la Guardia Nacional actúe en la Ciudad de México. Con índices muy preocupantes de crecimiento de la criminalidad y con episodios específicos, relacionados con jóvenes, que han generado desde desasosiego hasta franca protesta, la jefa del gobierno capitalino ha aceptado la decisión del presidente López Obrador de que calles de ciertas alcaldías chilangas sean patrulladas por los elementos de predominancia militar que ahora actúan con uniforme novedoso.
Asumir la necesidad de una fuerza federal es una forma de aceptar que las capacidades locales no han sido suficientes para enfrentar el furor delictivo reciente. No hay un demérito en reconocer tal precariedad local, pues así sucede en todos los estados del país, donde los gobernadores no solo reconocen su derrota ante los embates del crimen organizado (y, también, del desorganizado) sino que abiertamente exigen a las instancias federales que se hagan cargo casi absoluto del correspondiente caos regional.
Sheinbaum está sufriendo las consecuencias de su empecinamiento en mantener en su gabinete a piezas que no han dado el rendimiento deseable. No son solamente ellos, pero en las circunstancias actuales ha quedado claro el poco rendimiento de dos piezas del equipo claudista, la procuradora Ernestina Godoy y el secretario de seguridad Jesús Orta. Para tratar de paliar las fuertes críticas a lo que está sucediendo en calles, casas y plazas de la Ciudad de México, el gobierno capitalino habilitó como jefe de inteligencia policiaca a Omar García Harfuch, quien cumplió con funciones de alto nivel, en ese ramo, durante el gobierno peñista.
Pero es tan evidente que el problema de la inseguridad pública no puede ser resuelto por la autoridad civil que ahora la misma Sheinbaum que en el pasado repelía tales métodos, ahora acepta que la Guardia Nacional se encargue, por lo pronto, del territorio de tres alcaldías, con especial acento en las colindancias con los estados de México y Morelos. Es natural que organizaciones defensoras de derechos humanos se preocupen por la instauración de los métodos militares en el combate a la delincuencia en la capital del país. Ya se verá si, a fin de cuentas, la apuesta por la máxima fuerza institucional posible resulta acertada o si acaso simplemente se ha sumado un problema más al complicado mosaico de la explosiva convivencia social capitalina.
Rex Tillerson, quien fue secretario de Estado en la administración Trump, reiteró ayer lo ya antes publicado en un libro: el papel de abierta sustitución de los canales institucionales por parte de Luis Videgaray Caso, entonces secretario de relaciones exteriores de México, y de Jared Kushner, yerno del citado Trump y asesor para asuntos especiales. Además de confirmar que Videgaray viajaba a Washington para reunirse con el yerno Kushner sin avisar al jefe formal de la diplomacia estadunidense, el mencionado Tillerson, este señaló que la injerencia del yerno y de su esposa (obviamente, hija de Donald) era insólita e irritante.
