Ciudad de México. En un pronunciamiento colectivo, 16 de las principales organizaciones y centros de derechos humanos del país acusan al Poder Judicial de ser “poco efectivo” para el juzgamiento de los casos graves de violaciones de derechos humanos.
En referencia a la reciente orden judicial de liberar a los últimos tres de los ocho militares acusados de ejecución arbitraria de civiles en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014, las organizaciones también responsabilizaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar una acusación deficiente y una total ausencia de investigación del caso.
Todo indica que el caso Tlatlaya apunta a la consumación de la impunidad, pues a casi dos años de los hechos, no hay un solo elemento militar procesado, aseguran.
Señalan que la resolución del magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, por lo cual exhortaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, a asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
En el mismo sentido, destaca que la resolución no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que la resolución de su libertad es por una insuficiencia probatoria. “Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad”, indica.
Entre las organizaciones que firman la declaración conjunta están la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT), Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), entre otros.
