Carlos López Torres
Arturo Gutiérrez García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) guardó celosamente, ¿o no estaba informado?, que 200 agentes encargados de la seguridad pública en la entidad desde hace tres años se mantuvieron reprobados, dada su baja calificación obtenida en los exámenes de control y confianza.
Aunque el funcionario Francisco Javier Salazar Soni asegura que es delito federal seguir operando con agentes que ya han sido notificados que no aprobaron la evaluación mencionada, el caso es que a los titulares del Ejecutivo y el de la SSPE les valió…, y por supuesto, han dejado correr el tiempo en espera de otorgarles una segunda oportunidad, que de pura casualidad les permita obtener una evaluación satisfactoria. ¿Con cuáles condiciones?
No cabe duda que los malos ejemplos cunden. ¿Cuántos de los policías mandados por los funcionarios del gobierno federal a reprimir y asesinar manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, tienen evaluación de control y confianza aprobatoria y cuántos están en las condiciones de los polis estatales de San Luis Potosí?.
Eso nunca lo sabremos, después de la sarta de mentiras que salió a difundir Enrique Galindo en cobertura nacional sobre los hechos sangrientos, donde los policías recibieron la instrucción del más alto nivel de accionar sus armas automáticas. El asunto es que la desconfianza ganada a pulso por los diferentes cuerpos de seguridad pública en el país –por omisión de sus jefes, por contubernio con los malos, por fortalecimiento del autoritarismo o simplemente porque el mensaje invariable es la impunidad–, ha ido en aumento con o sin exámenes de control y confianza.
No es de extrañar entonces, que cotidianamente ante la gravedad de contar con ese tipo de policías en el estado, a ciencia y paciencia del Ejecutivo, del procurador y de los legisladores, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recurrentemente emita recomendaciones que tienen que ver con la violación de los derechos humanos de las y los potosinos, incluyendo las que tienen que ver con el uso de la tortura.
Ahí está el caso del humilde ciudadano de la comunidad de La Escalera, municipio de Xilitla, quien para su mala suerte se topó con dos polis estatales (¿aprobados o reprobados?, para el caso es lo mismo) que no dudaron en emprenderla a golpes contra el indefenso ciudadano hasta que el infortunado fue a dar al vacío, donde encontró su muerte. Todo ello ante la presencia de su esposa que suplicaba a los trogloditas uniformados que ya no lo golpearan.
Casos como estos se multiplican, aunque las autoridades están más pendientes sobre la sindicalización de los policías. Lo grave de todo ello no es sólo que la omisión se mantenga sexenio tras sexenio, sino que el mensaje a los guardianes del orden es que no importa que reprueben ni que se comporten como verdugos de la población.
Por eso los delincuentes, organizados o no, han entendido que en esta entidad pueden actuar como lo están haciendo. No hay día en que no se produzcan ejecuciones, asesinatos, riñas pandilleriles con armas de fuego. Bueno, hasta los comerciantes que viajan a la Ciudad de México solicitan que se investigue a los mordelones federales que una y otra vez paran los autobuses para solicitar al conductor la cuota respectiva. Los más rateros, dicen los informantes, son los del Estado de México.
