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El abogado José Mario de la Garza Marroquín promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí un juicio para la protección de sus derechos político electorales de ciudadano, debido a la omisión por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí de ejecutar el proceso legislativo de sus iniciativas presentadas en un periodo del 22 de septiembre de 2015 a enero de 2017.
Las iniciativas ciudadanas presentadas por José Mario de la Garza son las siguientes: la primera del 22 de septiembre de 2015 para establecer que los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos se persiguieran de oficio; la segunda presentada el 12 de abril de 2016 para prohibir que los legisladores potosinos reciban bonos, sobresueldos, apoyos o partidas adicionales a su dieta por el ejercicio de su función; la tercera del 5 de julio de 2016 para crear la Ley del Canal de Televisión de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; y una cuarta con fecha del 16 de enero de 2017 para declarar al inicio de cada legislatura, la caducidad legislativa de la totalidad de las iniciativas promovidas por ex diputados que no hubieran sido dictaminadas en su periodo de ejercicio constitucional.
En el documento de la demanda, De la Garza Marroquín menciona que: “Debe señalarse que mi derecho a iniciar leyes no se agota con la simple presentación de las iniciativas ya mencionadas; sino que, para su vigencia plena y ejercicio eficaz, es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto, lo cual incluye, en su caso, que sean turnadas a las comisiones correspondientes, la emisión del dictamen, así como la discusión y votación en el Pleno del Congreso del Estado, lo cual como ya lo he manifestado a la fecha no ha acontecido o no se me ha notificado, por lo tanto mi derecho de presentar leyes no ha sido debidamente tutelado por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí, pues no basta que actúe como oficialía de partes, sino que debe darle el trámite que corresponde hasta que sea desechado el dictamen o votado en pleno”.
Por ello, al vencer el plazo para dictaminar las citadas iniciativas ciudadanas, sin que se haya solicitado una prórroga ni presentado el dictamen, deberán ser turnadas por la Directiva a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término máximo de tres meses, o en su caso se ordenará al Congreso del Estado a través de sus respectivas comisiones que cese en su omisión, estableciendo un plazo razonable para que cumpla con su obligación.
El abogado concluyó afirmando que está confiado en que el Tribunal resolverá la protección de sus derechos políticos en el sentido más amplio y ello sentará un precedente para que en San Luis Potosí el Poder Legislativo cumpla con sus atribuciones constitucionales y cese de usar la participación ciudadana como estrategia de simulación política.
