Activistas acusan al Ejecutivo de retrasar protección de la Sierra de San Miguelito

Samuel Estrada

Si hubiera voluntad, en menos de un mes el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, estaría en condiciones de firmar el decreto de protección de la Sierra de San Miguelito, y si le siguen dando largas es porque entre más dure el proceso más beneficio tendrán los desarrolladores urbanos que probablemente por intereses económicos y políticos están metiendo las manos para que la administración estatal ahora utilice como pretexto una consulta, señaló Edgardo de los Santos Cáceres, dirigente de la asociación civil Grupo Sierra de San Miguelito.

El activista recordó que desde finales del sexenio de Marcelo de los Santos Fraga el decreto estaba ya listo para firmarse, que incluía la protección de unas 45 mil hectáreas de la sierra, de las más de 80 mil hectáreas que tiene la zona, pero el gobernador entonces se negó a hacerlo; después, con su sucesor, Fernando Toranzo Fernández, se creyó que habría un cambio y que firmaría el decreto, pero la realidad “es que fue un sexenio perdido porque nunca tuvo el interés de hacerlo”.

Indicó que ahora llama la atención que desde el Congreso del Estado se dé el exhorto al Ejecutivo para que por fin ponga atención al tema y firme el decreto: “estamos a la expectativa, pero sí es lamentable que se tenga que llegar a que un poder exhorte a otro a hacer su trabajo”, consideró.

Hizo el llamado entonces a Carreras López a que tome el asunto con seriedad y que tome en cuenta el gran beneficio para todos los potosinos que sería proteger definitivamente esta zona, que es el pulmón de la zona metropolitana y la recarga hidrológica natural, que si continúa con su devastación provocaría, además de un ecocidio, una complicación incluso para la vida humana en la zona centro del estado, por lo que lo tiene que analizar fuera de intereses económicos y tener la valentía de hacer lo que es mejor para todos.

Quieren cruzar por la mitad la sierra con un libramiento

De los Santos Cáceres aclaró que su lucha en ningún momento ha sido con la intención de afectar las ganancias económicas de los desarrolladores de vivienda y otro tipo de proyectos, lo que pasa es que no tienen altura de miras y sólo ven su beneficio a corto plazo y no se dan cuenta que ellos y sus hijos, como habitantes de la ciudad, también se verán afectados por la destrucción de la tierra.

Dio a conocer que ha podido platicar con varios de ellos y le han comentado que se tienen proyectos inmobiliarios en la zona de la Sierra de San Miguelito para crear desarrollos habitacionales hasta para 120 mil personas, es decir, una zona habitacional similar al proyecto de Ciudad Satélite.

Además de esto, se tienen proyectos alternos, como es el caso de que los mismos empresarios que han desarrollado y son propietarios de los libramientos oriente, norte y poniente de la ciudad de San Luis Potosí, que son una familia muy poderosa que tiene influencia con el propio presidente de la república, Enrique Peña Nieto, pretende construir un libramiento sur-poniente, igualmente de cuota, que atravesaría prácticamente por la mitad a la Sierra de San Miguelito.

“Se debe de firmar ya”

De la misma forma, hizo énfasis en que el decreto es algo que se tiene que firmar ya, es algo de lógica y no se tiene que esperar a tener foros ni consultas de nada, como al parecer es la pretensión del gobierno del estado a través de la Secretaría de Ecología: “al ratito van a decir que a ver qué opina la Unesco, o no sé qué más puedan inventar”, lamentó.

Señaló que si hay el decreto, si ya se cuentan con los documentos y las delimitaciones, sólo sería cosa de que la Segam lleve a cabo una actualización de estos papeles, pero es algo que, poniéndose a trabajar, hasta en menos de un mes lo saca, ya para que el gobernador sólo firme y entre en vigor.

Añadió que tal vez el único punto que se debe agregar es el tema de proteger de igual forma cerca de ocho mil hectáreas de zona arbolada que pertenece actualmente a la comunidad de San Juan de Guadalupe y este anexo sería realmente lo único que se necesita para redondear una protección integral de esta área natural.

Urbanizadores, los principales opositores

Recalcó que los urbanizadores son los principales opositores a que se dé la declaratoria de área natural protegida, por lo que se trata, además de cuestión ambiental, de un problema de tipo económico, y el problema es que en las partes norte de la ciudad y sur, por el lado de Villa de Pozos, o ya tienen dueño los terrenos, están en litigio o los venden muy caros, por lo que no tendrían tantas ganancias económicas como en la Sierra de San Miguelito, donde realmente compran a un precio muy bajo a los ejidatarios y venden muy caro con una plusvalía muy superior.

De cualquier forma, reiteró que también es cierto que si hubiera voluntad del titular del Ejecutivo sería algo que se resolviera muy fácil, sin embargo, ya sea por cuestión partidista o de intereses económicos, prefieren no moverle y seguir “pateando el bote” hacia adelante para que alguien más lo resuelva, todo esto siempre siendo aprovechado por las constructoras que devoran más y más espacios de la sierra.

Gobierno, con toda la intención de proteger la sierra: secretario general

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, aseveró que la administración estatal en ningún momento busca obstaculizar la protección de la Sierra de San Miguelito, sin embargo justificó que si no se ha firmado es porque se busca que haya un consenso con todos los involucrados, incluyendo a los desarrolladores de vivienda.

Dijo, además, que es algo que se está revisando tanto en la Segam como por parte del departamento jurídico del gobierno del estado, donde se está evaluando y se estará determinando cuáles son los pasos a seguir: “no es que no se quiera firmar, se quiere estar seguros de que va a quedar bien y no cometer ningún error”, subrayó.

Aceptó que por el momento el proyecto de protección está “detenido”, esto en virtud de que se analice y se hagan las pláticas y los consensos con los involucrados, incluyendo los ejidatarios, los comisariados ejidales y hasta los desarrolladores de vivienda, porque “se tiene que hablar con todos, porque es un proyecto para el beneficio de todos”, aunque reconoció que no hay fecha para que la Segam presente su propuesta de modificación final al proyecto de decreto.