Amparo contra la comandancia centro, “de aplicación inmediata”

Obras de la nueva comandancia.

Se arriesgan las autoridades a una sanción, advierte el abogado Santiago Camacho

Ricarlos I

El amparo concedido por el primer juzgado colegiado implica una aplicación inmediata, o de lo contrario se arriesgan las autoridades a una sanción administrativa, advirtió Santiago Camacho, de la Asociación Potosina de Abogados, luego de que los padres de familia de la escuela Morelos en rueda de prensa hablaran sobre la suspensión de amparo otorgada el viernes para que, al menos temporalmente, se detengan las labores de edificación de la comandancia centro. Las autoridades municipales se han negado a hablar del tema, o no han estado disponibles.

“Hay que ser claros en una cosa: no cumplir una suspensión, provisional o definitiva, puede acarrear serias consecuencias para los que la desobedezcan, desde un apercibimiento, una amonestación, o una multa financiera, hasta la inhabilitación y la cárcel, dependiendo por supuesto del caso”, señaló Camacho, agregando que “esta suspensión no es el final ni mucho menos, el gobierno claro que tiene derecho a rebatir y presentar sus pruebas, pero en el intermedio, la resolución de suspensión debe acatarse de inmediato, no cuando una autoridad se diga notificada”.

Esto se hace para proteger la integridad del que pide amparo de las acciones del gobierno, y dichas consecuencias pueden afectar a cualquiera, sin importar su rango en el aparato gubernamental.

Candidatos deben informarse antes de opinar

Respecto a las declaraciones de varios precandidatos a la alcaldía sobre que supuestamente apoyarían el proyecto de la comandancia porque lo piden los vecinos, los padres de familia representados por María Cristina Mata Álvarez, presentaron las firmas de cientos de vecinos que exigen que no se construya. “Ellos dicen que muchos ciudadanos la piden, pero no lo comprueban”.

“Nosotros tenemos firmas de cientos de vecinos y padres de familia. No estamos contra la policía, ni contra una comandancia, pero sí de que la pongan enfrente de nuestros hijos. Ahora ya quitaron la banqueta en Ocampo y Uresti, dejando a nuestros hijos arriesgándose a caminar nivel de la calle entre los autos. Los candidatos opinaron sin saber, quisiera que se informaran mejor, sobre el proyecto y todo lo que ha pasado, el riesgo en que pondrán a nuestros hijos de consumarse esta edificación”.

“Derechos de los niños, principal causa del amparo”

El principal argumento que se ostenta en el amparo, es el derecho de los niños a una vida libre de violencia, señalan los inconformes, asesorados por Raúl Espínola. Estos derechos están consagrados tanto en la Constitución como en leyes recientemente aprobadas y promulgadas por Peña Nieto, además de en diversos tratados internacionales que México ha suscrito con diferentes organizaciones, entre ellas la ONU. Además, está el reglamento de Sedesol, donde se estipula que ningún proyecto como basureros, comandancias de policía o cementerios, deben ser construidos junto o en la vecindad de una escuela, y aquí se está violando directamente ese reglamento.

Además, advierten, esa pretensión del gobierno municipal queriendo engañar a la ciudadanía con sus cambios de nombre del proyecto, quedaron evidenciados cuando se solicitó acceso a la información del terreno y planos de construcción, e inmediatamente se dijo que era información reservada “por la seguridad de los POLICÍAS y los PRESOS” del lugar, cuando en boletines de prensa y discursos, “se cansaban los funcionarios de decir que no era una comandancia, que no habría separos ni gente armada en el lugar, que era una inocente unidad de proximidad social, a lo mucho con motopatrullas”.

Es histórica esta suspensión, aunque sea provisional, porque además se trata del primer amparo que está a punto de ser aceptado usando como argumento el legítimo derecho de las personas afectadas, en este caso los niños, aunque se trate de un daño indirecto. Hasta ahora no ha habido un solo caso en todo el país que haya llegado a la suspensión provisional. Ahora tenemos la oportunidad de en la audiencia de junio, extender nuestros alegatos y pruebas, con el carácter de provisional podríamos alargar la suspensión hasta ocho meses, en lo que se hace el descargo de pruebas.

Cronología

El pasado 22 de septiembre Mario García Valdez colocó, con bombo y platillo y la presencia del doctor Toranzo, Joel Melgar (entonces secretario de Seguridad) e incluso invitados civiles como Adriana Marvelly Costanzo, la primera piedra de lo que se llamaría “Comandancia del Centro Histórico”, frente a la escuela Morelos.

El viernes pasado, 8 meses exactos luego de dicha ceremonia, supuestamente en respuesta a los reclamos ciudadanos de la zona por más seguridad, los padres de familia de la escuela del lugar, vecinos y comerciantes del área, consiguieron una suspensión provisional que, en primera instancia, obliga a detener los trabajos de edificación de la comandancia, poniendo en peligro ahora su viabilidad, pues de lograrse una suspensión definitiva el próximo 9 de junio, daría al traste con la inversión de 50 millones de pesos del ayuntamiento, el gobierno del estado y el fideicomiso del Centro Histórico, el cual a pesar de no contar con una justificación para colaborar, pues el terreno se encuentra fuera del perímetro “A”, en la “zona de Amortiguamiento”, invirtieron fondos otorgados por el gobierno estatal.

Pero vamos por partes: la zona de la escuela Morelos ha tenido múltiples usos durante décadas. Primero fue un parque junto con otro espacio verde, el cual fue convertido en un estacionamiento privado, mientras el que estaba frente a la escuela Morelos, fue convertido en depósito vehicular del ayuntamiento, donde durante las noches se guardaban los vehículos oficiales y de obras públicas.

Esto cambió cuando, tras la declaratoria del Centro Histórico, se decidió que este sitio formaría parte del “corredor urbano”, una ampliación vial para desfogar mucho del tránsito vehicular de las avenidas Reforma, Carranza, Cuauhtémoc, la calle Obregón, el final de Nicolás Zapata, etcétera.

Numerosos litigios fueron retrasando la obra, toda vez que existían casas o fincas deshabitadas en lo que en la práctica era un enorme camellón, al igual que algunos hogares ocupados. Mientras que la mayoría de las casas antiguas pudieron ser demolidas y se convirtieron en área verde o plazoleta de cantera (una de ellas albergando la estatua de Salvador Nava).

Pero la obra de “embellecimiento” terminó en el citado estacionamiento, puesto que los dueños de las casas se negaron rotundamente a vender su propiedad. Esto causó que se quisiera dar un nuevo uso al sitio, ya fuera como unidad deportiva o como parque.

Y es ahí donde comienzan los errores, pues nunca se cambió el uso de suelo. Originalmente fue el Congreso quien autorizó que fuera parte del “Corredor Urbano” pero ahora se quiso edificar una comandancia, donde asistirían al menos 150 agentes policiacos, armados, y se construirían separos.

Fue cuando la población de la zona y los padres de familia alzaron la voz, pues contar con un edificio policiaco devalúa el costo de las viviendas y terrenos en la zona, por los riesgos y el ambiente que acompañan a un edificio de seguridad pública. Detenidos, hombres armados, y con la amenaza de la delincuencia organizada, que ha atacado a los policías en sus propias bases, (en meses pasados ocurrieron asesinatos a metros del edificio de la LGJE, e incluso llegaron a tirar cuerpos desmembrados en sus cercanías) también los padres de familia se organizaron para rechazar la edificación, pues diariamente sus niños se verían expuestos a este ambiente.

Fue así que iniciaron querellas legales contra la comandancia basándose tanto en la irregularidad del terreno como en la poca información que existe sobre el proyecto. Esto, porque dicho proyecto ha ido modificándose de manera muy importante, queriendo reducir el rechazo a la comandancia.

Incluso, en algunas de las protestas, se acusó a las autoridades tanto educativas como policiacas, de estar intimidando a los padres de familia en la escuela. En una ocasión, incluso llegaron a “encerrarse” con la lideresa de los paterfamilias para “convencerla” de la benignidad de la comandancia. Mientras, el gobierno cambiaba sus propios discursos.

Para empezar, en textos oficiales se le dejó de llamar “comandancia”, y se agregaron supuestas funciones extra, como la de una pequeña delegación de la Cruz Roja y una estación de protección civil y/o bomberos. Llegó a tal grado el gobierno municipal de buscar la aprobación de la ciudadanía (que dijeron antes ya tenían) que llegaron a afirmar que junto con la “unidad de proximidad social” (descrita como una suerte de caseta de vigilancia, muy grande) se pondrían canchas deportivas en el espacio sobrante, para beneficio de los estudiantes cercanos.

Las burlas en redes sociales a estas propuestas no se hicieron esperar, y afirmaron que las canchas irían en el segundo piso. Porque a pesar de las protestas semanales, las quejas de políticos de oposición, las pruebas de que la mayor parte de los trámites estaban incompletos y la falta de permisos del INAH (el cual ha brillado por su pasividad), la obra siguió avanzando sin pausa, e incluso comenzaron la tala de árboles y, en días recientes, bloquearon por completo banquetas con material de trabajo.