Autoridades siguen violando derechos de alumnos de una primaria en Soledad

Samuel Estrada

A casi cuatro meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera un informe especial en donde decretara que se estaban violando los derechos humanos de los niños que acuden a una escuela primaria en las cercanías de la empresa Apelsa en Soledad de Graciano Sánchez, las autoridades señaladas en el documento no han hecho nada para remediar la situación.

Fue en octubre del año pasado cuando la CEDH acreditó que los alumnos de la escuela primaria Luis Gonzaga Medellín, en Soledad de Graciano Sánchez, estaban siendo víctimas de violación a su derecho a la salud y a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, esto debido a la cercanía de la mencionada empresa, que habría incurrido en diversas irregularidades de tipo ambiental al amparo de las autoridades.

En el documento se hacen recomendaciones a instancias como la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento soledense, al Interapas, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), y al Instituto Estatal de Construcción de Escuelas, sin embargo ninguna de estas dependencias han atendido o han hecho algo al respecto del mencionado informe.

A partir de enero de este año, la CEDH se dio a la tarea de enviar sendos oficios a las dependencias involucrados para conocer qué avances habrían tenido para dar cumplimiento con las recomendaciones que se estipulan en el informe. En documento firmado por la titular de la Segam, Yvette Salazar Torres, el 11 de enero de este año, respondió a la CEDH, entre otras cosas, que luego de haber hecho una búsqueda “exhaustiva” en los archivos de la dependencia, se determinó que a la fecha no ha sido implementado ningún programa o acción en beneficio de los alumnos de la escuela primara Luis G. Medellín y justifica que si no se ha hecho así es porque no ha habido solicitud alguna de parte de la directiva del plantel.

Por su parte, atendiendo el mismo cuestionamiento de la CEDH, el departamento jurídico del gobierno del estado en documento firmado por el director general de asuntos jurídicos, Juan Ramón Nieto Navarro, el pasado 17 de enero, simplemente responden que “a la brevedad” se coordinarán las acciones que correspondan a efecto de dar cumplimiento a las observaciones derivadas de las conclusiones del informe especial, pero sin dar motivo por lo cual no lo han hecho, ni se establece una fecha concreta para implementar estas acciones.

Asimismo, el Interapas, el pasado 2 de enero, respondió a la CEDH a través de su departamento jurídico, que, por un lado, el proceso de análisis de las descargas residuales de la empresa se encuentra bajo un proceso judicial, puesto que Apelsa interpuso un amparo que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es por eso que el organismo no ha procedido, puesto que legalmente está impedido.

No obstante, se informa que el documento ha sido atraído por la Unidad de Auditoría y Control del Interapas, para que dentro de sus facultades se pueda iniciar un procedimiento administrativo o de responsabilidad al o a los funcionarios que pudiesen haber incurrido en alguna irregularidad, en cuanto esto se defina se informará puntualmente a la CEDH.

En el caso de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, sólo existe el documento en donde el contralor interno del ayuntamiento, Héctor Gerardo Valladolid Martínez, insta al director de Protección Civil municipal, Mauricio Ordaz Flores, y al de Obras Públicas, Alejandro Méndez Zavala, a actuar en consecuencia de acuerdo a lo que se menciona en el informe, sin que haya habido una respuesta al momento.