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Buscan armonizar la ley local al Sistema Nacional de Seguridad Pública

Samuel Estrada

De acuerdo con la gaceta parlamentaria, este jueves el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Manuel Barrera Guillén, presentará ante el pleno una iniciativa para armonizar la ley local al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que, a criterio del Ejecutivo, el gobernador del estado pueda ejercer el mando de las policías municipales.

Se propone la modificación del artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en donde ahora se establecería que son facultades del gobernador del estado: “ I.- Ejercer el mando de las instituciones policiales de los municipios en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

De igual manera, se plantea derogar el Título Quinto denominado Del Uso de la Fuerza Pública, y su capítulo único, así como los artículos 38, 39 y 40 de esta ley, debido a que el 23 de mayo de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la ley que establece los principios para el uso de la fuerza pública para San Luis Potosí y en su artículo quinto transitorio se prevé que “se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.” En ese sentido, se genera una confusión e inclusive colisión normativa, provocando incertidumbre jurídica sobre cuál ordenamiento aplicar.

Por otro lado, esta normativa establece el Título Décimo Cuarto: De los Servicios de Seguridad Privada, mismo que se integra con un capítulo único, el cual prevé los numerales 147, 148 y 149. Los preceptos citados tienen prácticamente el mismo contenido de los artículos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí; no obstante, el precepto cuarto del ordenamiento referido establece que los particulares que se dediquen a los servicios de seguridad privada y personal que utilicen se regirán por el mismo, pero el arábigo 149 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública indica que dichos servicios y personal se regularan por las normas que se establezcan para las instituciones de seguridad pública.

Evidentemente entre estas dos normas existe una dicotomía, por lo que se propone que sean derogados.

JSL
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