Cabildo aprueba dar seguimiento a declaraciones patrimoniales

A fin de cumplir con la ley, pero principalmente transparentar el quehacer de quienes conforman la actual administración capitalina, en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad la solicitad de la Contraloría Interna para que lleve a cabo el registro y seguimiento  de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales.

El alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, regidores, así como síndicos, coincidieron en la importancia de aprobar el formato electrónico de las declaraciones de modificación patrimonial como parte de las acciones implementadas desde el inicio de la presente gestión para rendirle buenas cuentas a la población y también hacer uso eficiente de los recursos.

Insistieron en que además de cumplir cabalmente con un precepto, se busca garantizar que los recursos públicos sean destinados a proyectos, acciones, programas y obras que tengan un impacto directo en la calidad de vida de quienes habitan la capital potosina, y de esta manera evitar el desvío de presupuestos en la satisfacción de intereses personales.

Por su parte, el contralor interno, Enrique Alfonso Obregón, recordó que el año pasado, la mayoría de los funcionarios municipales que tienen la obligación de presentar la declaración patrimonial lo hicieron en tiempo y forma, por lo que se espera que el cien por ciento cumpla con esta obligación en este 2017.

Recordó que el área que está a su cargo tiene la facultad de proponer y llevar a cabo procedimientos sancionadores para quienes incumplan con esta exigencia que  establece la Ley de Servidores Públicos.

En la misma sesión de Cabildo, se votó a favor para darle uso y destino a las áreas verdes, de esparcimiento y equipamiento de fraccionamientos que se ubican en la delegación de Villas de Pozos.

Sin embargo, por mayoría se desechó la modificación al Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí propuesta por el Congreso Local, que por obligación ordena a los ayuntamientos permitir la intervención del Ceepac en la conformación de las juntas vecinales de mejores, por considerar que viola la autonomía municipal.