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Las diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género recibieron el Informe de Actividades 2017, presentado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de esta comisión legislativa, manifestó que en relación a la presencia de casos de feminicidios, se requiere de las autoridades una mayor atención y seguimiento tanto para la atención de las víctimas colaterales y garantizar el acceso a la justicia.
“Debe haber una completa coordinación entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas porque uno de los puntos clave donde hay que meter celeridad es en la reparación del daño, es uno de los asuntos que hay que atender para mejorar los tiempos y acortarlos, que es uno de los principales temas”
En este tema, López Espinosa indicó que se requiere una mayor participación de los seis ayuntamientos donde se determinó la activación de la Alerta de Género, para derivar en acciones de prevención; y por parte del Gobierno Estatal, el fortalecer las medidas de seguridad, acceso a la justicia y de reparación del daño a las víctimas.
En lo relacionado a Protección y Defensa de los Derechos Humanos, López Espinosa informó que durante 2017 se emitieron un total de 20 recomendaciones: 7 a la Procuraduría General de Justicia del Estado, (ahora Fiscalía General del Estado); 2 a la SEGE, y 2 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
También se emitió una recomendación a cada una de las siguientes instituciones: la Auditoría Superior del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la Dirección General de los Servicios de Salud, la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Valles; la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, el INTERAPAS, la Presidencia Municipal de Charcas, la Presidencia Municipal de Villa de Reyes y la SEDUVOP.
De estas recomendaciones, 16 fueron aceptadas por la autoridad responsable, mientras que 4 se encuentran pendientes.
Se atendieron a 7,302 personas, de las cuales 1,493 fueron quejas, que derivaron en expedientes; 4,352 orientaciones jurídicas; 1,255 canalizaciones o derivaciones a otras autoridades y 202 gestiones.
En relación a las quejas, las instituciones con mayor número fueron: la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, con 343; la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con 279; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 217; el INTERAPAS con 61; los Servicios de Salud con 49; Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí con 42; el Poder Judicial con 39 y el Instituto Mexicano del Seguro Social con 35.
Además, se establecieron medidas precautorias, con la cual se requiere a la presunta autoridad responsable para que ejecute acciones que permitan evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas, o la producción de daños de difícil reparación.
En este sentido, se emitieron 158 medidas precautorias en contra del INTERAPAS, y 29 a la SEGE; además de 14, en contra de autoridades municipales, entre otros.
Informó que la CEDH realizó dos informes especiales: el informe especial sobre la situación de garantía de los derechos humanos de acceso a la justicia, la verdad y la investigación efectiva en el caso de feminicidios ocurridos en el municipio de Tamuín; y el Informe Especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos a la salud, igualdad y trato digno de las personas usuarias del centro ambulatorio para la prevención y atención del VIH e infecciones de transmisión sexual en el estado de San Luis Potosí. Se iniciaron también los programas de Atención e Investigación de violaciones a derechos humanos en casos de tortura, de Personas Desaparecidas y de Investigación y Análisis sobre las Detenciones Arbitrarias.
En cuanto a acciones de inconstitucionalidad, López Espinosa informó que se presentaron dos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, al no considerar consulta a personas con discapacidad.
Y además, se impugnó el artículo 277 del Código Penal del Estado, relacionado con delitos cometidos contra servidores públicos o agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
