Por resolverse, el caso de Victoria Labastida, asegura el procurador

La dependencia a su cargo nunca ha actuado por algún otro interés que no sea el del cumplimiento de la ley, afirmó el procurador. Foto: César Rivera

Samuel Estrada

Se llevó a cabo la comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la revisión de la glosa del quinto informe de gobierno del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Miguel Ángel García Covarrubias. Los cuestionamientos más fuertes de los diputados giraron en torno al caso de Rodolfo Aguilar Gallegos y las cuentas públicas de la administración de la alcaldesa Victoria Labastida Aguirre.

Al respecto, el funcionario respondió, por un lado, que la PGJE nunca ha actuado por algún otro interés que no sea el del cumplimiento de la ley, y precisó que Rodolfo Aguilar Gallegos había estado siendo investigado desde 2010, recopilando información, y unos días antes de que fuera su nombramiento como consejero llegó un informe de la Contraloría, en donde se daba cuenta que ejerció más de seis millones de pesos, pero que en realidad sólo se dispuso de 35 mil pesos.

Detalló que luego de tener estos elementos se pudo integrar la figura del ejercicio indebido de la función pública y fue el motivo por el cual se ejerció la acción penal, sin embargo en un momento dado no se pudo detener y luego el inculpado obtuvo un amparo en contra de esta orden de aprehensión y se le concedió la suspensión provisional y posteriormente la definitiva.

Expuso que en este caso está pendiente una audiencia constitucional en donde se definirá si los elementos de prueba que se ofrecieron para obtener la orden de aprehensión fueron los idóneos para que se mantenga esta resolución.

 Por resolverse, caso de Labastida Aguirre

Por el lado de las cuentas públicas que involucran a la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, el procurador comentó que se han podido recabar los testimonios de cinco auditores que practicaron la revisión a la cuenta pública, además de 163 inspecciones con la asistencias de peritos a distintos domicilios de proveedores cuestionados; se recabó el informe final de la Auditoría Superior del Estado, se han verificado 92 cheques del Banco del Bajío, mil 200 expedientes, el Periódico Oficial, con lo que tiene que ver la ley de ingresos de aquel ejercicio fiscal; actas de cabildo del nombramiento de servidores públicos, constancias de la Secretaría de Finanzas al respecto de las transferencias bancarias de los recursos del ramo 33, se han citado alrededor de 350 testigos a declarar, etcétera.

Expuso que todo esto consta en expedientes y ahora se está por resolver unos dictámenes de auditoría, que tiene que remitir la Contraloría, para poder estar en condiciones de trabajar un ejercicio de acción penal en caso de que proceda.