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Demandará a ex síndico el asesor de opositores a subcomandancia

Angélica Campillo

Por haber asesorado y patrocinado jurídicamente a los padres de familia de la Escuela Primaria Oficial José María Morelos y Pavón, que se oponen a la entrada en funciones del edificio que fue construido para albergar la Subcomandancia Centro localizada entre las calles de Uresti y Melchor Ocampo en la capital potosina, el abogado Raúl Espínola Gutiérrez fue demandado por la primer síndico de la administración municipal 2012-2015, María Eugenia Rivera Fernández, sin embargo, aseveró que no se dejará intimidar y continuará peleando por los derechos de sus representados.

Espínola Gutiérrez recordó que en mayo de 2015 interpuso un amparo ante el juzgado tercero de distrito de San Luis Potosí para que pararan los trabajos de construcción de la Subcomandancia Centro, en donde el juez concedió la suspensión provisional, pero ese mismo mes la entonces síndico lo demandó, así como a dos padres de familia, cuestionando con ello, por una parte, la decisión judicial de un tribunal colegiado del noveno circuito y  la fe pública del notario número 15 de la ciudad de San Luis Potosí, Mauricio Mier Padrón, sin que hasta la fecha se emitiera alguna resolución a dicha demanda. No obstante, declaró que tanto él como los padres de familia fueron notificados por la Procuraduría General de la República para que el 10 de agosto del presente año se presentaran ante esta instancia a comparecer y rendir su declaración sobre el asunto

 “Alegamos que se ha violado por parte del ayuntamiento el derecho humano a la vida de los quejosos, el derecho humano al interés superior del menor y de los menores alumnos de las escuelas, al verse en peligro por tener una comandancia con armería a 20 metros de su entrada escolar”, recalcó.

Dijo que por ese motivo recurrió al juzgado segundo de distrito en San Luis Potosí, quien le otorgó una suspensión provisional para no ser privado de su libertad por el agente del Ministerio Público de la Federación Francisco Torres Orozco, averiguación previa 333B/2015, “evidentemente es un atropello al libre ejercicio de mi profesión de abogado, afectando mi honor y fama pública, lo que conlleva a sufrir un daño moral que debe ser reparado, por lo que demandaré a María Eugenia Rivera Fernández por la cantidad de 20 millones de pesos, por concepto de indemnización en vías de reparación del daño”, advirtió.

El representante legal señaló que el amparo de fondo se encuentra en trámite ante el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí “y continuaremos con el mismo, pese a todo”. Asimismo comentó que acudirá ante el presidente de la República, el gobernador del Estado, con el presidente municipal y con diputados y senadores de la entidad potosina, así como ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para conocer si la interlocución solicitada ante estos últimos, para el cambio de uso de la Subcomandancia, les causó o motivó alguna molestia, ya que la administración actual tiene autorizados para seguridad, por parte de la Federación, 75 millones de pesos.

Apuntó que acudirá a la oficina de la titular de la PGR, Arely Gómez, y a la Contraloría de la misma, a denunciar la forma en que se utilizan las instituciones públicas para lograr impunidad, “existe temor fundado a las arbitrariedades, a las injusticias, al compadrazgo, al influyentismo, pero sobre todo a la impunidad, sin embargo, confiamos en nuestro estado de derecho y en la defensa de la legalidad y del interés superior del menor, pero no seré intimidado”, concluyó.

JSL
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