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Diócesis de Matehuala denuncia «compra de voluntades» para permitir instalación de Confinamiento Tóxico en Santo Domingo

desechos

Integrantes de organizaciones sociales y políticas se reunieron ayer con habitantes de más de 20 comunidades para evitar la construcción del basurero de desechos industriales y tóxicos entre San Luis Potosí y ZacatecasFoto Alfredo Valadez

Jorge Torres

Sacerdotes de la Diócesis de Matehuala manifestaron estar con los ejidatarios de las comunidades de San Luis Potosí y Zacatecas que se verán afectados por la instalación del Confinamiento de Residuos Tóxicos en Rancho Palula en Santo Domingo, por ende están en contra de la construcción de este tiradero Industrial que pretende la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable PALULA, S.A. de C.V.

En el documento, los sacerdotes destacan que como iglesia «tienen el deber de cuidar esta casa común que es el mundo, por lo cual les corresponden ser profetas que denuncien», por ello se indica que el equipo de la pastoral social de la diócesis ha brindado acompañamiento a los ejidatarios inconformes para evitar la instalación de este confinamiento, y seguirá estando al pendiente de este tema para «caminar al lado de su pueblo».

Se menciona que se sabe del «poderío económico» de las personas que están detrás de este proyecto, las cuales han intentando «comprar voluntades» de las personas que habitan las comunidades afectadas, con televisores, láminas para sus viviendas, incluso ofreciendo empleos, entre otras cosas, para legitimar este proyecto del cual nunca se pidió opinión de los habitantes como la ley indica, pues aunque la empresa hizo una publicación al respecto en un periódico de la capital potosina, este no llega a Santo Domingo, por lo cual no se cumplió con la ley en ese sentido, «esa consulta pública fue una farsa y una burla para los habitantes de las comunidades afectadas».

Asimismo se señalan anomalías en los permisos otorgados por las autoridades con las que se pretende «engañar al pueblo», destacaron el engaño de la empresa en decir que el tiradero se construirá en una zona árida y semiárida, que no afectará a la población, pues según la empresa en un radio de 10 kilómetros no hay cauces ni arroyos, aunque se señala que estudios de especialistas de la UNAM y del Colegio de San Luis constataron que hay 40 pozos de agua en un radio de 30 kilómetros, por lo cual esto afectará las actividades agropecuarias que son el sustento de muchas familias que están cercanas a la zona en donde se pretende la construcción.

Finalmente, además de verificar este tema, también se pide a las autoridades revisar con detenimiento otros proyectos que también laceran al medio ambiente y sus habitantes, como el tiradero industrial que se encuentra en Guadalcázar, el cual sigue siendo un foco de contaminación grave en donde la empresa Metalclad «dejó enterradas más de 20 mil toneladas de residuos peligrosos» en el predio de la Pradera, ubicado en el mencionado municipio, desechos que son de empresas químicas, automotrices, metalmecánicas, y plaguicidas, además de 170 toneladas de medicamentos caducos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual parecer «quedó en el olvido»

Cabe destacar que dicho documento tiene la firma de todos los sacerdotes de las parroquias del Altiplano, pertenecientes a la mencionada diócesis, este manifiesto será entregado oficialmente mañana a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Delegación de Gobernación en el Estado, y a la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), según informó el Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, además este escrito también va dirigido a los obispos de la provincia eclesiástica de San Luis Potosí; y a los gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.