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Diputados federales de SL se negaron a interceder contra Comandancia Centro

Comandancia Centro

Edificio de la nueva Comandancia Centro. Foto: César Rivera.

Angélica Campillo

Raúl Espínola Gutiérrez, abogado de los padres de los alumnos de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, quienes se encuentran renuentes a que entre en funcionamiento la Comandancia Centro, ubicada frente a ese plantel, informó que interpuso un amparo para evitar que se habilite un centro policiaco en ese sitio, por lo que solicitó a los diputados federales de San Luis Potosí su interlocución ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, a fin de reconsiderarlo, sin embargo, estos se negaron, alegando no tener competencia para ello, en cambio, los senadores de este estado respondieron positivamente a su petición y actualmente se encuentra en espera de una resolución.

Cabe señalar que la construcción del edificio donde se pretende habilitar la Comandancia Centro comenzó en noviembre del 2014, durante la gestión del ex alcalde Mario García Valdez, sin embargo, desde un inicio hubo descontento por parte de los padres de familia, mismos que se manifestaron en múltiples ocasiones en contra de esas obras, por lo que contrataron al abogado Espínola Gutiérrez para que los representara legalmente.

En entrevista, Espínola Gutiérrez explicó que en febrero de 2015 interpuso un amparo en el juzgado tercero de distrito, en la capital potosina, para evitar la continuación de las obras de la Comandancia Centro, por lo que, señaló, posteriormente el juez ordenó la suspensión provisional de la ejecución de dichos trabajos, no obstante, refirió que los volvieron a retomar, y en noviembre de ese mismo año decidió interponer otro amparo, pero ahora ante el juez décimo de distrito en materia administrativa, en la ciudad de México, para solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que reconsiderara cambiar el uso del inmueble, que fue construido con aportaciones económicas del subsidio para la seguridad de los municipios y del Fideicomiso del Centro Histórico; y a su vez pidió la interlocución en el tema, tanto a los diputados federales, como a los senadores pertenecientes al estado de San Luis Potosí.

Manifestó que cada uno de los diputados federales le respondieron en un escrito (del que La Jornada San Luis tiene copia) que no tenían facultad para intervenir en ese tema. “Es lamentable que se muestren insensibles ante la problemática de los ciudadanos que los eligieron en las pasadas elecciones. Estamos hablando del riesgo que existe para niños de educación primaria en su integridad física, el tener la armería de una comandancia a 20 metros de la escuela primaria. Ignoran el interés superior del menor y la defensa de sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales”, recalcó.

Hizo énfasis en que si los diputados federales se negaron a realizar su petición, “significa que no habrá iniciativas, ni tampoco intervenciones y que los grandes sueldos que se perciben, sólo son para mantener una situación de confort personal”.

Dijo que afortunadamente los Senadores mantienen una interlocución con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, y accedieron a apoyarlo enviando una carta a esta instancia.

En este tenor, Espínola Gutiérrez declaró que el juez décimo de distrito en materia administrativa del primer circuito le otorgó 15 días (que comenzaron a contar desde el pasado 23 de febrero) para que acuda directamente a solicitar la respuesta del titular del Secretariado Ejecutivo, y a su vez recalcó que pedirá la ampliación de la demanda de amparo.

Ayuntamiento le pidió que desistiera del amparo

Espínola Gutiérrez dio a conocer que, en campaña, el ahora alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, declaró que de llegar a la presidencia haría todo lo posible para que ese recinto no fuera habilitado como comandancia, sin embargo, externó que en octubre del 2015, acompañado de una comisión de padres de familia, acudió a la Unidad Administrativa Municipal donde supuestamente los recibiría el edil para escuchar sus inconformidades, pero la persona que los atendió fue el director de Concertación Política del ayuntamiento, Gerardo de la Rosa Jourdan, quien los quería obligar a que desistieran del amparo.

“Lo que no nos pareció fue que nos recibió con gente armada. Unos (policías) se sentaron a la mesa y otros de pie, entonces los padres de familia se asustaron, yo les dije que eso estaba mal, porque si íbamos a platicar sobre la comandancia, no era para que estuvieran armados. También estaba el jefe de la policía, con sus pistolas y sus rifles. Les dije que se lo iba a comentar al juez porque me parecía un acto de intimidación”, aseveró.

JSL
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