Espínola Gutiérrez demandaría a funcionarios de la PGR en SLP

Angélica Campillo

Raúl Espínola Gutiérrez, abogado de los opositores al edificio donde se pretendía instalar la subcomandancia centro, adelantó que demandará al delegado y subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Potosí, Rodolfo Hernández Limón y Carmelo Márquez González, respectivamente, por encubrimiento a los ex funcionarios municipales involucrados en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al inmueble.

Apuntó que la observación principal por parte de la ASF es que la subcomandancia centro no se licitó y se le adjudicó a una persona física que el juzgado no pudo notificar en razón de que el domicilio de este no existe, no obstante la síndico de la pasada administración María Eugenia Rivera Morales lo denunció tanto a él como a los padres de familia que se opusieron a las operaciones de este edificio, demanda que fue ratificada por la síndico de la presente gestión María Isabel González Tovar, por señalar que San Luis es patrimonio cultural de la humanidad, mientras que ambas funcionarias argumentaron que es mentira.

“La PGR les hace el juego y nos sigue citando, revictimizando a los niños, y a más de dos años no resuelve. Se presume que la administración del ex alcalde Mario García Valdez utilizó los recursos federales de forma indebida”, añadió.

No obstante, Espínola Gutiérrez destacó que la Procuraduría General de la República tiene acceso al expediente y está esperando una audiencia con el procurador Raúl Cervantes Andrade para acusar al delegado y al subdelegado de la PGR en San Luis Potosí, por encubrimiento de ex funcionarios municipales, ya que incluso, señaló, ambos se han negado a recibirlo para entablar diálogo.

De acuerdo a declaraciones anteriores realizadas por el abogado, el edificio fue construido con aportaciones federales, y también con recursos del Fideicomiso del Centro Histórico, y, de acuerdo a la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D- 24028-14- 0863 GF-950 que realizó la ASF en 2014, se determinó que la construcción presenta, de origen, grandes deficiencias para ser usado como comandancia, y que además el inmueble no cumplía con las leyes locales ni federales, comenzando por la falta de justificación al haber realizado una adjudicación directa e incluso hay un adeudo pendiente hacia el constructor de la obra.

El abogado mencionó que, por otro lado, no se sabe dónde están invertidos físicamente los cinco millones de pesos que aportó el Fideicomiso del Centro Histórico, y aunado a ello carece de licencia de construcción, hacen falta estudios de impacto ambiental, urbano, de Protección Civil, se ubica sobre una corriente de agua natural, por lo que carece de un estudio de mecánica de suelo; así como de medidas de mitigación de riesgos al tener una armería sin ninguna medida de seguridad; no cuenta con el acceso vial suficiente, además de haberse encontrado anomalías en la asignación o designación directa de la obra, así como el faltante de recursos.

Recordó que, por lo anterior, la Contraloría Interna del ayuntamiento capitalino inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró el expediente número CIM-CJ- RESP-64/2015, por lo que se dio como promovida esta acción, sin embargo hasta la fecha se desconoce si ya hubo sanción para los ex funcionarios.