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Angélica Campillo
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, al constatar que fueron vulneradas las garantías individuales de María de Jesús Almendárez Prieto cuando la enviaron a laborar a la Secretaría de Cultura.
Cabe recordar que en 2014, la afectada denunció haber sido víctima de abuso y acoso sexual por parte de Juan Martín Gatica Izaguirre, quien en ese entonces se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). Posteriormente, fue enviada al Instituto Estatal de las Mujeres, y al finalizar su labor en esta dependencia, fue puesta a disposición de la Oficialía Mayor, de donde la canalizaron a la Secretaría de Educación y luego a la Secretaría de Cultura.
En rueda de prensa, el abogado de Marichuy, Tomás Coronado Zárate, declaró que el pasado 28 de noviembre la CNDH emitió una recomendación al gobernador del estado para que se cree un protocolo para la no discriminación y no violencia a los trabajadores en sus dependencias, y que también se dé vista a la Contraloría General del Estado para que se abran los procedimientos correspondientes de responsabilidad en contra del titular de la Secretaría de Cultura, Armando Herrera Silva, así como en contra del director administrativo de dicha institución, Alejandro Rojas, por haber vulnerado los derechos humanos de la afectada mientras laboró en este lugar, al enviarla a coser archivos al sótano.
El defensor legal informó que además se están desahogando las pruebas con el cierre de instrucción, y en ese aspecto refirió que entre los documentos de prueba que ofreció el demandado, Juan Martín Gatica Izaguirre, hubo uno en especial, que es un conocimiento de hechos, en el cual hace saber ante una autoridad con anticipación que supuestamente Marichuy realizó varios actos donde lo extorsionaba y una serie de cuestiones totalmente falsas.
Apuntó que, al ver ese documental, solicitaron la inspección del libro de conocimientos de hechos de la mesa uno, que se encuentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el juez quinto del ramo penal llevó a cabo la indagatoria, en la cual se reveló que dicho documento no existía registrado en ese diario, por lo que no existe y se convierte en un documento falso.
Indicó que por ese motivo solicitó al juez quinto del ramo penal que dé vista al fiscal general del estado a efecto de que se abra la carpeta de investigación por los ilícitos de documentos falsos y alterados, falsificación de documentos en general, y simulación de pruebas.
Apuntó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas practicó un dictamen sicológico para ver en qué estado se encuentra Marichuy, y en este se determinó que tiene un síndrome de fatiga crónica, entre otros, lo que quiere decir que, derivado de la violencia institucional de la cual ha sido objeto por parte de los titulares de varias dependencias, como del titular del Ejecutivo, tiene un daño que requiere de tratamiento tanto de medicamentos como de descanso, lo cual tiene que reparar el gobierno del estado.
