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Samuel Estrada
A pesar de que este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado fue aprobado el dictamen para la creación de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Ejecutivo, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, estimó que aún no se puede dar por hecho que el actual procurador Federico Garza Herrera será el nuevo titular de la nueva institución.
El mandatario argumentó que tiene que llevarse a cabo todo el proceso en el Congreso, no sólo en comisiones, sino que tiene que aprobarse en el pleno del Poder Legislativo, por lo que “vamos a esperar a que resuelva el Congreso del Estado y en ese momento se vería”.
Cuestionado en el sentido de si se tienen contemplados otros nombres para ocupar la Fiscalía General, además del de Garza Herrera, respondió que “en el marco de lo que responda el propio Congreso del Estado”.
En sesión de trabajo, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para que se establezca la transformación de la Procuraduría de Justicia en la Fiscalía General.
Los legisladores modificaron la propuesta original del gobernador y establecieron en el dictamen aprobado que el primer fiscal general, al entrar en vigor las leyes secundarias, será quien esté en funciones de procurador general de justicia, durará en su cargo seis años, y los siguientes fiscales durarán ocho años en su cargo. Carreras López había propuesto que el primer fiscal general durara siete años y los siguientes nueve años en el cargo.
Con esta reforma, la autonomía del fiscal general queda garantizada por la Constitución, su libertad e independencia técnica y de actuación son emanadas de la Ley Fundamental, porque el Estado de San Luis Potosí se incorporará a la dinámica nacional que se dirige hacia una modernización y profesionalización de la institución encargada de la procuración de justicia.
En el dictamen aprobado se incluye lo que establece la iniciativa enviada por el mandatario en el sentido de que en el caso de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas es importante que el titular del Poder Ejecutivo conserve la facultad de designar a sus titulares, correspondiendo al Poder Legislativo analizar y oponerse en su caso por mayoría calificada, y hasta en dos ocasiones, a dicho nombramiento, en caso de no advertir en la persona designada el perfil adecuado o si existen razones suficientemente fundadas para ello, siendo en este caso el Ejecutivo quien lo designe, siempre y cuando se reúnan los requisitos mínimos previstos en la Constitución, que de acuerdo a la iniciativa que se presenta, no varían sustancialmente de los que ya existían para el nombramiento de procurador.
Además, que el cambio esencial en la iniciativa que se planteó es que el gobernador no tendrá ya la atribución de remover libremente al fiscal como ocurría con el procurador. Se ha considerado que solamente por causas graves el titular del Poder Ejecutivo, y siempre que el Congreso no se oponga, podrá remover al fiscal.
Cabe destacar que también la Comisión de Justicia tendrá que emitir un dictamen sobre esta iniciativa para reformar diversos artículos a la Constitución Política del Estado, a fin de que pueda someterse a votación ante el pleno del Congreso.
