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No termina el viacrucis para los opositores a la subcomandancia

Angélica Campillo

Con la autorización del cambio de uso de la Subcomandancia Centro, localizada en las calles de Uresti y Melchor Ocampo, no termina el viacrucis para los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón que se manifestaron en contra de la entrada en operaciones de la misma, en defensa de la integridad física y sicológica de sus hijos, ya que continúa en trámite la demanda ratificada por la primer síndico del ayuntamiento, María Isabel González Tovar, en contra los opositores, señaló el representante legal Raúl Espínola Gutiérrez.

Refirió que ante la indiferencia de la administración de Mario García Valdez y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por atender sus quejas en contra de la operación de la subomandancia, se recurrió al Poder Judicial de la Federación, siendo el juzgado tercero de distrito en San Luis Potosí y los tribunales colegiados de esa novena región, quienes en junio del 2015 otorgaron una suspensión provisional, y a la fecha continua en trámite el amparo.

Luego de ello, tanto los padres de familia como el abogado fueron denunciados por la síndico de la pasada administración, María Eugenia Rivera Morales, ante la delegación de la Procuraduría General de la República, y la primer síndico actual la ratificó, “sin motivación y fundamentación alguna, contrariando los diálogos y buena disposición de gestión ofrecidas personalmente por el presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez”.

Fue el pasado 25 de agosto del presente cuando Espínola Gutiérrez solicitó un punto de acuerdo a los diputados federales y senadores pertenecientes al estado de San Luis Potosí en el Congreso de la Unión para que exhortaran a la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado a abstenerse de intervenir, cuestionar, interferir directa o indirectamente en el trabajo judicial, expediente 590/2015, que realiza el tercer juzgado de distrito en San Luis Potosí y el primer tribunal colegiado del noveno circuito con sede en la misma entidad, “en este mismo sentido se ha solicitado al nuevo procurador general de la República, de quien es probado su capacidad profesional para el cargo, Raúl Cervantes Andrade”.

Sin embargo, el representante legal manifestó que ante el silencio e indiferencia de los representantes populares en el Poder Legislativo, se presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, y el pasado viernes 11 de noviembre de 2016, esta autoridad judicial les solicitó a los diputados federales y senadores su justificación por no haber respondido a la solicitud.

“Son dos años de investigación de esta representación social, dos años en donde se ha revictimizado a los menores, pues son constantes los citatorios a comparecer, incluso llamadas telefónicas para estos mismos efectos, acudir e interminables horas de espera para atención, incompresibles para los menores causándoles un estado de angustia y ansiedad al percibir estos mismos sentimientos en sus progenitores”.

Dijo que por todo lo anterior y en base al interés superior del menor, se solicitó a la UNESCO que les indique cuál es el perímetro del concepto de patrimonio cultural, ya que les argumentan que la Subcomandancia Centro está fuera de éste y considerando que es falso, la anterior síndico los acusó de mentir, olvidando que se actuó en defensa del interés superior del menor.

“Esperamos también que la síndico actual, al ratificar la denuncia conoció lo que obra en el expediente, es decir, la forma y término en que ilegalmente se adjudicó la obra, para que en uso de sus facultades, actúe en consecuencia e informe a la Auditoría Superior de la Federación”, concluyó.

JSL
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