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Opera calera pese a prohibición del TECA, aseguran opositores

Angélica Campillo

Integrantes del Grupo Ecológico Florida, quienes están en contra del funcionamiento de la empresa Cal Química, localizada sobre la carretera San Luis Potosí-Rioverde número 1890 en el kilómetro 1.5, debido a las afectaciones a la salud, denunciaron la operación de esta compañía aún cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado le ordenó parar los trabajos, lo cual le fue notificado el 10 de octubre del presente año.

María Dolores Magdaleno, habitante de Granjas de la Florida, relató que en octubre y noviembre de 2015 se tuvo conocimiento de la construcción en el lugar antes mencionado, de una fábrica para hidratación y envasado de cal, la cual se localiza a 500 metros de las colonias San Nicolás de Jassos, Bosques de la Florida y Residencial La Florida, así como a dos kilómetros de distancia de la colonia Laguna de Santa Rita; agregó que en ese entonces los vecinos se percataron que en la puerta de acceso a la empresa había una lona con la leyenda “obra autorizada”, con licencia de construcción para Industria Ligera, Cal Química.

Manifestó que cualquier industria de cal ligera no debe levantar más de 40 toneladas al mes, sin embargo, esta empresa manifiesta en su estudio de impacto ambiental procesar diariamente 960 toneladas de hidróxido de calcio, a razón de 40 toneladas por hora, lo que refleja ser, sin lugar a dudas, una industria pesada, por lo tanto el cambio de uso de suelo está siendo violado, ya que este sitio está catalogado como habitacional de densidad baja, de acuerdo al plan estratégico para la ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez publicado el 21 de agosto de 2003 en el Periódico Oficial de gobierno del estado de San Luis Potosí vigente hasta la fecha.

Manifestó que luego de ello denunciaron ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), ante el ayuntamiento capitalino y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la contravención a las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del estado de San Luis Potosí, “y sobre todo nuestros derechos constitucionales, ya que en el artículo cuarto de la Constitución dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y que la autoridad o quien lo dañe tendrá que responder por ello, y especialmente en el área de la salud”.

Refirió que la construcción de la planta se fundamenta en tres autorizaciones: licencia de uso de suelo y licencia de construcción emitidas por el ayuntamiento capitalino; así como por la autorización de impacto ambiental emitida por la Segam, mismos que tuvieron efecto en 2015, pero en 2016 fueron revocados.

Juego de demandas y contrademandas

Aseveró que los afectados como la empresa han estado en un juego de demandas y contrademandas, pues la compañía se ha estado amparando y con el fin que se deje sin efecto las licencias y no se puedan volver a obtener para el mismo predio se están llevando a cabo tres juicios de nulidad ante el TECA. En ese sentido declaró que el que corresponde a la Segam, el TECA ya emitió un resolutivo donde le prohibió a Cal Química continuar con sus operaciones, el cual les fue notificado el 10 de octubre de este año. Sin embargo, dijo que tienen conocimiento que la compañía trabaja de nueve de la noche a cinco de la mañana porque lo han constatado con personas que ahí laboran.

Recordó que a principios de julio de este año hicieron una manifestación sobre la carretera a Rioverde y clausuraron de manera simbólica la empresa; luego de ello acudieron autoridades de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez a dialogar y les prometieron que se llevaría a cabo una reunión con los presidentes municipales, que hasta la fecha no se ha dado.

No obstante dijo que la alcaldía capitalina ha respondido en diferentes audiencias, aunque se dicen “con las manos amarradas” pues hay procesos en los que no pueden intervenir porque el TECA tiene la autoridad. Añadió que en una de las reuniones, las autoridades negaron haber expedido el permiso de construcción a esta empresa, pero seguía construyendo, “los permisos están cancelados a partir de enero de este año porque en lo que compete a obras públicas son por un año”.

Hizo un llamado a nivel sociedad, pues mencionó que el aire lo respiran todos y a todos los está dañando, la contaminación provocada por el hidróxido de calcio llega a todo el torrente sanguíneo, piel, oídos y ojos y causa daños irreversibles, por lo que invitaron a los potosinos a que los acompañen a una marcha que realizarán este 7 de noviembre, “la gran mayoría de la gente de la Sierra de Álvarez está muriendo y quedando ciegos por la operación de la calera, no queremos ser uno más y esa conciencia la invitamos a tomar a la gente de la ciudad y a todos los que vivimos en la carretera San Luis-Rioverde”.

JSL
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