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Opositores a subcomandancia lamentan que no se atiendan las incongruencias legales

Angélica Campillo

Raúl Espínola Gutiérrez, representante legal de los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón, quienes se oponen a la entrada en operaciones de la subcomandancia centro, refirió que la autorización del cambio de uso del inmueble, si bien satisface su demanda inicial, es de lamentar que las incongruencias administrativas y legales no se atiendan, ya que desde su origen fue una obra que no estuvo apegada a la legalidad.

Cabe mencionar que el director de Seguridad Pública Municipal, Antonio Garza Nieto, informó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ya autorizó el cambio de uso del edificio localizado entre la calle Melchor Ocampo y Uresti, donde en un inicio se pretendía habilitar la subcomandancia centro, pero, ante el descontento de los opositores y los juicios legales que se llevan, hasta la fecha continua sin ser utilizado.

El funcionario municipal apuntó que se presentaron dos propuestas ante el Secretariado Ejecutivo, pero se inclinaron por el centro de contacto ciudadano que albergue servicios como derechos humanos, prevención del delito, educación vial y todo lo que corresponde al apoyo a la ciudadanía, y fue descartada la propuesta del Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C3).

El jefe policiaco, asimismo, manifestó que están esperando los recursos para el equipamiento del edificio, sin embargo dijo desconocer el monto que se requiere para ello, pero se espera que para 2017 inicie operaciones: “va a variar según la propuesta que se haga con el tipo de equipamiento que se vaya a utilizar”, ahondó. No obstante, apuntó que la obra todavía no ha sido entregada al municipio.

En este sentido, el abogado reiteró que el cambio de uso del edificio satisface su demanda inicial, y lo agradecen, pero es de lamentar que las incongruencias administrativas y legales no se atiendan: “me refiero a la legalidad a la que debe estar apegada toda obra, máxime que tratándose de obra pública financiada con recursos federales y del Fideicomiso del Centro Histórico que maneja recursos estatales, no cumple con la normatividad local”, explicó.

Recordó que, de acuerdo a la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación en 2014 de esta obra, se encontró que carece de licencia de construcción, de estudios de impacto vial, de Protección Civil, de mecánica de suelo; no cuenta con el acceso vial suficiente, con planos estructurales, con planos arquitectónicos, además se ubica sobre una corriente de agua.

Agregó que se designó a una persona desconocida para la ejecución de la obra, y de los 18 millones de pesos que costó en total, de los cuales 13 millones de pesos fueron aportaciones federales, mientras que los cinco millones de pesos correspondieron a recursos del Fideicomiso del Centro Histórico, no se sabe dónde está físicamente esta última cantidad, y aunado a ello recalcó que lo más importante es que la adjudicación fue ilegal, pues así lo señaló la ASF.

JSL
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