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Atentos al cumplimiento de la normatividad electoral, el Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría General del Estado, publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de febrero del 2018, el “Acuerdo Administrativo por el que se determinan las acciones para la prevención de faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, durante el Proceso Electoral 2018.”
El documento es un instrumento orientador que señala las obligaciones que tienen los miembros del servicio público estatal y precisa los criterios de acción y las formalidades necesarias para erradicar la intervención de los funcionarios y servidores públicos en los procedimientos electorales, a la vez que establece mecanismos de verificación y supervisión de dichas obligaciones.
Derivado de este Acuerdo, se crearon tres documentos: la “Guía para el Blindaje Electoral 2018”, la “Guía de Responsabilidades Administrativas” y el “A,B,C de los servidores públicos en relación a las elecciones”. Estos documentos fueron distribuidos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo, de manera que fueran conocidos por todos los miembros del servicio público estatal.
De igual forma, a partir del mes de abril se capacitó a más de 250 personas provenientes de todas las instancias públicas, para atender de manera puntual las instrucciones del Acuerdo.
Así, al mes de junio, 48 instituciones reportaron quincenalmente a la Contraloría General del Estado las acciones implementadas para asegurar la no intervención e imparcialidad de los servidores públicos y funcionarios estatales; es decir, se recibieron un total de 384 reportes, mismos que incluyeron evidencia fotográfica de los bienes a los cuales se le insertó la etiqueta conteniendo la advertencia de estar cometiendo un delito electoral en caso de utilizar los bienes oficiales para apoyar a un partido político o a un candidato.
Por tanto, se registró que el total de computadoras e impresoras de las dependencias del Poder Ejecutivo contaban con esta leyenda, traduciéndose a más 1200 piezas aseguradas. También se colocó la misma leyenda en los vehículos oficiales, teniendo más de 300 vehículos evidenciados.
Además, la Contraloría General del Estado Auxilió a las instancias públicas a que el parque vehicular fuese debidamente resguardado, tal y como marca la ley, con tres días de anticipación a la elección. Así, las dependencias que no contaban con espacio suficiente para el resguardo vehicular fueron canalizadas y se aseguraron en lugar cerrado 34 vehículos. El resguardo vehicular fue constatado a través de 48 actas administrativas elaboradas por las respectivas direcciones administrativas y los órganos internos de control de cada instancia pública.
Por tanto, tal y como lo señala la normatividad de la materia, al día de hoy se han resguardado los vehículos oficiales (salvo los que la propia ley exceptúa) ya sea en los propios estacionamientos de las dependencias, como en el lugar habilitado para el parque vehicular restante, de manera que se pueda asegurar su buen uso y disuadir cualquier intromisión en el proceso electoral.
La Contraloría General del Estado reafirma su compromiso con la imparcialidad en el proceso electoral e invita a la población a hablar al teléfono 01-800-HONESTO (01-800-4663786) para denunciar cualquier comportamiento irregular de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.
