Jorge Torres
El abogado de los ejidatarios que se oponen a la construcción del confinamiento de desechos tóxicos de Santo Domingo, Guillermo Luévano Bustamante, además integrante de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, y quien está apoyando a los ejidatarios y al Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, además de investigadores de El Colegio de San Luis (Colsan), para el acompañamiento en asesoría legal y técnica con los pobladores que se oponen a este basurero industrial, dio a conocer que ayer presentaron una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, para la suspensión definitiva de las operaciones de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palua, SA de CV.
Destacó que esta demanda fue realizada por estudiantes de la Facultad de Derecho que están preocupados sobre este problema; abarca principalmente las ilegalidades en el procedimiento administrativo de autorización de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Santo Domingo.
Este amparo contiene más de mil hojas en pruebas instrumentales, documentales públicas y privadas, además cuenta con algunas elaboraciones cartográficas que hizo el Colsan, donde se ubican inconsistencias como violaciones al derecho de consulta, de información; y violaciones en materia de legislación ambiental, donde también se detectaron diversas inconsistencias.
El abogado mencionó que una vez que este amparo sea radicado se está solicitando la suspensión provisional, que puede dar el juez de distrito, la cual se dará en breve término, después se desahogará una audiencia constitucional en donde la empresa hará valer sus alegatos, así como las autoridades que se señalan en la denuncia como responsables, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), los ayuntamientos de Santo Domingo y Mazapil, este último de Zacatecas, y la Dirección General de Impacto Ambiental de la propia Semarnat. “Esperamos en breve término una resolución a favor de la cancelación, es decir, una suspensión definitiva de la operaciones de la empresa”, señaló.
Comentó que paralelamente van presentar, en unos cuantos días, dos denuncias populares, que son un instrumento que establece la propia Ley General de Medio Ambiente y se usa en casos en donde haya indicios de violaciones en materia ambiental. Estas denuncias se interponen ante la Segam y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. “Con esto estamos abriendo el abanico de instrumentos jurídicos, mientras se resuelve uno y otro con el fin de detener en breve término las operaciones ilegales de esta empresa”, indicó.
No hay compromisos con Morena
Sobre la intervención del Movimiento de Regeneración Nacional, el ejidatario Edgar Coronado Luna señaló que la invitación está abierta a todos los partidos políticos, a toda la población en general, pero no hay ningún tipo de compromisos, “más bien sería bueno buscar el posicionamiento de los partidos políticos en torno a este tema, que se manifiesten si están a favor o en contra, es un tema que nos afecta a todos”.
Aunado a esto, dejó en claro que este es un basurero altamente tóxico para la población que vive en esa comunidades cercanas al confinamiento, por lo cual se han manifestado de diversas maneras. Destacó que se utilizarán todas las vías legales necesarias, pues hay preocupación por la salud de los pobladores, porque se afecta la agricultura y ganadería, dos actividades de las que viven los pobladores de la zona. Aseguró que a pesar de los instrumentos legales “irán hasta las últimas consecuencias” para impedir la instalación de este confinamiento, el cual sólo beneficia a los poderes económicos, como José Cerrillo Chowell, dueño de esta empresa.
