Propone PRI prisión por uso de celular mientras se conduce

Ciudad de México. En una sesión que se dedicará exclusivamente a la presentación de iniciativas, la bancada del PRI propuso una reforma al Código Penal Federal para sancionar con prisión de uno a cinco años y una multa equivalente a entre 500 y 10 mil días de salario a los automovilistas que manipulen un teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación y que por ello cometan una infracción a los reglamentos de tránsito.

La iniciativa fue presentada por el diputado Fernando Moctezuma Pereda (PRI)- ex secretario de Gobierno en Hidalgo, durante la gubernatura de Francisco Olvera- quien refirió que según datos del Inegi durante 2016 han ocurrido casi 12 mil muertes por accidentes automovilísticos, y que la mayoría de estos han sido jóvenes.

No sólo resulta preocupante por el número de decesos, sino también las pérdidas económicas a las víctimas de los accidentes, a sus familias y a los gobiernos. “Los principales costos por un accidente de tránsito son los relacionados con la atención médica, hospitalización y rehabilitación; también los costos en horas hombres y la baja productividad en razón del ausentismo que provoca a las personas estar involucrado en un percance ya sea como víctima o familiar”, dijo.

Explicó que actualmente una de las principales causas de los accidentes de tránsito es la manipulación de teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación mientras se conduce un automóvil al grado de que se han presentado diversas campañas en el mundo para tratar de hacer conciencia entre los conductores para que eviten el envío de mensajes de texto.

Señaló que la distracción derivada del uso del teléfono puede trastornar la conducción, porque se reduce el tiempo de reacción para frenar o realizar una maniobra evasiva, se limita la concentración para mantenerse en el carril correcto y no se prevé la distancia con el automóvil que va adelante.

Explicó que utilizar un teléfono mientras se conduce incrementa en cuatro veces las posibilidades de verse involucrado en un percance vial, en comparación con los conductores que no lo hacen.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para que determine si las sanciones son o no viables.