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Ratifican la denuncia contra los opositores a la subcomandacia

Angélica Campillo

El 29 de agosto del año en curso, la primer síndico del ayuntamiento capitalino, María Isabel González Tovar, ratificó la denuncia interpuesta por su antecesora María Eugenia Rivera Fernández en contra del abogado defensor de los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón, Raúl Espínola Gutiérrez, y en contra dos personas más por haber tramitado en mayo de 2015 un amparo, que hasta la fecha sigue en curso, para que no se siguiera edificando lo que en un inicio pretendía ser una subcomandancia de policía, la cual se localiza entre las calles de Uresti y Melchor Ocampo, en la zona centro.

Espínola Gutiérrez recordó que en mayo de año 2015 interpuso el amparo 590/2015 ante el juzgado tercero de distrito de San Luis Potosí para que pararan los trabajos de construcción de la subcomandancia centro, y en junio de ese mismo año el primer tribunal colegiado del noveno Circuito con sede en la capital potosina ordenó como medida cautelar suspender la obra, en razón de que no tenía banquetas por donde pudieran transitar el gran número de estudiantes que pasa por ahí, ya que al circular por el arroyo vehicular se ponía en riesgo su vida, lo cual se documentó mediante una fe de hechos.

Sin embargo, en junio de 2015 la entonces síndico demandó tanto al abogado como a una madre de familia y a su hija, quien es estudiante de la escuela José María Morelos y Pavón, alegando que mintieron para obtener la suspensión de la obra, a lo que el abogado aclaró que “no se mintió y la suspensión se dio para que pusieran las banquetas prioritariamente ¿En dónde está la ventaja y en donde lo indebido? No existe”.

El representante legal añadió que a principios de agosto de 2016, tanto él como la quejosa fueron notificados por la Procuraduría General de la República para que el 10 de agosto del año en curso se presentaran ante esta instancia a comparecer y rendir su declaración sobre el asunto. Apuntó que por ese motivo recurrió al juzgado segundo de distrito en San Luis Potosí, quien le otorgó o una suspensión provisional para los efectos de no ser privado de su libertad por el agente del Ministerio Público de la Federación Francisco Torres Orozco, averiguación previa 333B/2015.

No obstante, refirió que el pasado 29 de agosto la primer síndico del ayuntamiento, María Isabel González Tovar, ratificó la demanda en contra de las tres personas y el delito que les imputa tiene una penalidad de dos a seis años de prisión: “por habernos atrevido a solicitar comprensión y análisis de entorno en donde se pretendía instalar una comandancia de policía en defensa de la integridad física, mental, emocional, sicológica de los niños de primaria y secundaria”, lamentó.

Asimismo, consideró esta situación como una intimidación para que desistan del recurso legal interpuesto: “sigue el amparo en el juzgado tercero de distrito y estamos en espera de la audiencia constitucional en donde se ofrecerán y desahogarán todas las pruebas”, concluyó.

JSL
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